«Tanto habla Weretilneck de seguridad jurídica y no pueden ni controlar las armas que se secuestran»

José Luis Berros presidente del bloque Vamos con Todos y bancadas opositoras quieren saber en detalle qué ocurrió con el faltante de armas de fuego que se encontraban bajo custodia del Poder Judicial de Río Negro y qué medidas se adoptaron para esclarecer los hechos y evitar nuevas irregularidades. La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Vamos con Todos con el acompañamiento de los legisladores de ese espacio Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, de la bancada PJ–Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García y de Cambia Río Negro, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, mediante un pedido de informes dirigido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Ministerio Público Fiscal.

En el documento, Berros advirtió que la custodia de armas secuestradas constituye una responsabilidad indelegable del Poder Judicial, dado el riesgo que implica su eventual circulación ilegal. En ese sentido, remarcó que la constatación de faltantes en depósitos oficiales, fiscalías y dependencias judiciales “revela graves irregularidades en los protocolos de resguardo y pone en cuestión la confianza pública en las instituciones”.

El pedido se enmarca en la investigación que se inició tras detectarse la desaparición de al menos 120 armas de fuego en dependencias judiciales de General Roca y Villa Regina. El caso salió a la luz a fines de marzo, cuando en un procedimiento policial se encontró una pistola que ya había sido secuestrada en otro operativo y que debía estar bajo resguardo judicial.

A partir de allí, se identificaron inconsistencias en los depósitos de secuestros, principalmente en los tribunales de General Roca, donde el mayor faltante se registró en el subsuelo del edificio. También se confirmaron sustracciones en Villa Regina y en oficinas de la fiscalía roquense. Según se informó, ya se iniciaron sumarios administrativos y se designó al fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para llevar adelante la investigación penal.

Frente a este escenario, los legisladores consideran imprescindible conocer con precisión cuándo y cómo se detectaron las irregularidades, qué controles existían y por qué fallaron. Asimismo, se solicita información sobre las medidas adoptadas tras el hallazgo del arma en marzo de 2026 y sobre antecedentes como el hurto de armamento ocurrido en diciembre de 2025 en Villa Regina.

Entre los puntos centrales, el pedido de informes requiere detalles sobre el inventario y la capacidad de los depósitos judiciales, los controles aplicados en las distintas dependencias, la eventual existencia de armas en fiscalías pese a normativas que lo prohíben, y la identificación de los funcionarios responsables de las investigaciones penales y administrativas.

También se solicita información sobre los sumarios iniciados, posibles apartamientos de personal y las medidas preventivas adoptadas por el STJ en otras circunscripciones, incluyendo la revisión de accesos y manejo de llaves en los depósitos. Otro eje relevante es el funcionamiento del sistema informático PUMA, utilizado para el registro y trazabilidad de elementos secuestrados. Los legisladores buscan determinar si se revisaron los registros, si se detectaron inconsistencias y si fue posible reconstruir los movimientos de las armas desaparecidas.

Además, el pedido apunta a conocer los protocolos vigentes para la custodia de armas, las auditorías internas realizadas y los cambios normativos o administrativos que se prevén implementar para evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse.

“Resulta imprescindible que el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal informen con detalle las circunstancias de lo ocurrido, las investigaciones en curso y las medidas correctivas implementadas”, señaló Berros. Agregó que “tanto habla -el gobernador Alberto- Weretilneck de seguridad jurídica y no pueden ni controlar las armas que se secuestran”.

Finalmente, remarcó que el caso no puede ser considerado un hecho aislado y que exige respuestas institucionales claras, transparentes y urgentes, en función del impacto que tiene en la confianza de la ciudadanía.