«¿Será que Weretilneck busca proteger a Ciccarelli, Machado y a la empresa ligada al gobierno de Milei?»

El bloque Vamos con Todos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro contra funcionarios del Poder Ejecutivo provincial por la falta de respuesta, en tiempo y forma, a al menos cuatro pedidos de informes elevados desde la Legislatura. La presentación apunta a lo que califican como un incumplimiento reiterado de la Ley K N° 2216 y una vulneración directa de las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo.

El presidente del bloque, José Luis Berros, fue contundente: “Estamos ante un gobierno que ha decidido ignorar la ley y el control democrático. No responder pedidos de informes no es un descuido administrativo: es una decisión política de ocultar información”. En ese sentido, sostuvo que la denuncia busca “poner un límite a una práctica que erosiona la institucionalidad y debilita la transparencia”. Agregó que llama la atención que el gobierno no responda estos requerimientos “como si quisiera proteger a Ciccarelli y a Machado y se escude en trolls truchos a través de extrañas contrataciones a empresas consultoras de marketing y medios vinculadas al gobierno de Milei”.

Desde la bancada detallaron que los pedidos de informes involucrados —N° 1129/2025, 1191/2025, 1323/2025 y 1327/2025— fueron oportunamente remitidos a distintas áreas del Ejecutivo, cumpliendo todos los procedimientos establecidos. Sin embargo, pese a las prórrogas solicitadas por los propios organismos y a las reiteradas intimaciones formales realizadas por la Presidencia de la Legislatura, ninguno de ellos obtuvo respuesta.

El primero de los expedientes (1129/2025) requería información sobre permisos de exploración y explotación de arenas silíceas, un recurso estratégico vinculado a la actividad hidrocarburífera. A pesar de la complejidad técnica alegada por el Ejecutivo para solicitar prórrogas, el informe nunca fue contestado, incluso luego de activarse el mecanismo legal de intimación previsto por la normativa vigente.

El pedido N° 1191/2025, por su parte, estaba orientado a conocer detalles sobre contrataciones directas con la firma EPOGE SRL en el ámbito de la Secretaría de Medios. Según el bloque, se trata de información clave para evaluar la legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos destinados a comunicación oficial. Tampoco en este caso hubo respuesta, pese a múltiples requerimientos formales.

En tanto, el expediente N° 1323/2025 apuntaba a relevar información sobre la actividad minera en la provincia, incluyendo estructuras societarias, beneficios otorgados y controles aplicados a empresarios y firmas vinculadas. “Estamos hablando de recursos naturales y de posibles vínculos que requieren máxima claridad. El silencio del Gobierno es inaceptable”, señaló Berros.

Finalmente, el pedido N° 1327/2025 buscaba establecer si determinados empresarios o sus representantes ingresaron a Casa de Gobierno en los últimos años, en el marco de investigaciones vinculadas a la gestión pública. Este requerimiento también quedó sin respuesta, a pesar de haber involucrado a múltiples organismos del Estado.

“Lo que queda en evidencia es una conducta sistemática de ocultamiento. No es un caso aislado ni una demora puntual: es una política de gobierno basada en la opacidad”, afirmó Berros, y agregó: “Cuando el Estado se niega a informar, lo que está en juego no es solo un expediente, sino el derecho de la ciudadanía a saber cómo se administran los recursos públicos”.

Desde Vamos con Todos remarcaron que el acceso a la información pública es un pilar esencial de cualquier sistema democrático y republicano, y que su restricción implica un retroceso institucional. “La transparencia no es una opción ni un eslogan: es una obligación legal y ética. Sin información no hay control, y sin control no hay democracia plena”, subrayaron.

La denuncia solicita que la Fiscalía investigue las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y avance con las sanciones que correspondan. “No vamos a naturalizar el incumplimiento de la ley. Vamos a defender cada herramienta institucional que garantice el control y la rendición de cuentas”, concluyó Berros.