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Para un estafador piden cuatro años y medio de prisión

El Fiscal Guillermo González Sacco solicitó la pena de cuatro años y medio de prisión para un hombre acusado de los delitos de robo agravado.

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El estafador además se le graba la pena por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y portación de arma de guerra sin la debida autorización legal.

Los delitos se perpetraron en dos hechos diversos; el primero se produjo el 6 de julio pasado cuando se había efectuado el robo y una semana después los investigadores, simulando una compra ficticia, dieron con sus autores y los detuvieron. En ese momento el joven tenía el arma en su poder.

Los damnificados del hecho son dos hombres oriundos de Trelew que llegaron a la ciudad para concretar la compra de un automóvil iniciada a través de Facebook. Una vez en Viedma, pactaron un encuentro con los presuntos vendedores y, al efectivizarlo, se produjo el robo.

Como sustento a la pena solicitada, el Fiscal mencionó ruedas de reconocimiento positiva e informes diversos que constataban que el arma secuestrada no era apta para disparo y no existía certificado de tenencia de la misma a nombre del imputado. Además destacaron los resultados de análisis realizados al celular del hombre, en el que constaban las llamadas realizadas en el marco de la negociación.

El hombre aceptó delante de los integrantes de la audiencia no sólo haber cometido el hecho, sino además la calificación legal y la pena del mismo, representado legalmente por el defensor oficial Pedro Vega.

Será el Tribunal presidido por la Jueza Itziar Soly e integrado por los Jueces Juan Martín Brussino Kain y Adrián Dvorzak quien determine si condena al joven en los términos mencionados en la audiencia.

Suspensión de juicio a prueba para la mujer que acompañó
Mientras que al hombre se le endilgó la autoría de ambos hechos, la mujer que lo acompañaba tuvo una participación menor en el robo y no se le endilgó a ella la portación de arma de guerra.

Minutos antes de plantear en audiencia la situación del acusado, la defensora oficial Graciela Carriqueo, propuso que se otorgara a la mujer la suspensión de juicio a prueba. Entre sus términos mencionó la reparación simbólica del hecho perpetrado a través de la entrega de 10.000 pesos a una institución de bien público y el cumplimiento de 200 horas de trabajo comunitario.

Fue la propia acusada, quien carece de antecedentes policiales y tiene a su cargo a sus dos hijos menores de 4 años de edad, la que propuso que el dinero sea destinado a la cooperadora de la escuela primaria del barrio en el que vive y realizar en esa misma institución las tareas comunitarias.

La propuesta fue homologada en el acto por el Tribunal quien puso énfasis en que el delito endilgado prevé penas de prisión condicional y que la reparación económica y el trabajo comunitario constituyen una sanción restaurativa, uno de los principales preceptos del nuevo Código Procesal Penal que propicia resoluciones alternativas de conflicto cuando las condiciones así lo permitan.

“Estamos hablando de una joven de 20 años, a cargo de sus dos hijos menores de 4 años y sin antecedentes penales”, detalló. Asimismo hizo referencia a la importancia de que haya sido la misma joven quien eligió una institución “en la que evidentemente encuentra algún arraigo”. “El vínculo puede ayudar a que la joven encuentre contención y pueda hacerse lo propio con sus pequeños hijos” mejorando las condiciones de vida de los tres, destacó.

Cabe recordar que de incumplir cualquiera de los compromisos pactados en esta audiencia, la probation se revocaría dando nuevo curso al juicio. No obstante Carriqueo confió en que la obligación de pago la una a la escuela de manera obligatoria y el trabajo comunitario le permita una revalorización que la haga comprender su comportamiento.

Finalmente la Fiscalía aclaró, en concordancia con el interés de las víctimas a las que representan, que serán exigentes con el cumplimiento de estas pautas a las que agrega además la constitución de un domicilio que no puede abandonar sin previo aviso y el control y seguimiento periódico que realizará el Instituto de Presos y Liberados.





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