Los trabajadores judiciales podrán tomarse las vacaciones que la Procuradora General quería que se les eliminen

Así lo confirmó la Secretaria General de SITRAJUR en Viedma, Adriana Saber, cuando habló con Lo Principal y dijo que esta noticia les da alegría porque es algo que esperaban pero que a la vez les molestó tener que llegar a una instancia judicial para que se revierta la resolución que había tomado la Procuradora

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Así lo confirmó la Secretaria General de SITRAJUR en Viedma, Adriana Saber, cuando habló con Lo Principal y dijo que esta noticia les da alegría porque es algo que esperaban pero que a la vez les molestó tener que llegar a una instancia judicial para que se revierta la resolución que había tomado la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano.

adriana saber

“Entendíamos que la Procuradora no tenía facultades para tomar dictar esta resolución, los empleados estamos bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia quien ya había dictado una resolución con las licencias” expresó Saber.

En este sentido, la sindicalista expresó: “Es una pena que se haya puesto en marcha el amparo judicial para que se le sea devuelvo un derecho a los trabajadores. Lo único que se buscó es vaciar la paritaria porque no se resuelven las cosas en la ley de convenio colectivo”.

“Todos los compañeros que habían perdido la feria del año 2009 para atrás y del 2015 deberán tomarla dentro del cronograma que enmarcó el STJ, es decir, antes del 2018” concluyó.

VIEDMA, 21 de junio de 2016.-

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo las presentes actuaciones caratuladas: “SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE RIO NEGRO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ AMPARO (l)”, Expte. Nº 430/16, para resolver, y
CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 51/55 el señor Pablo Víctor Barreno, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, promueve acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Provincial con el fin de que se ordene el inmediato restablecimiento de los derechos vulnerados por la Resolución N° 267/16 de la Procuración General del Poder Judicial que, según afirma, eliminó un derecho garantizado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional -protección del trabajo, descanso y vacaciones pagas-.
Al respecto, refiere que a través de dicho acto administrativo la señora Procuradora General dispuso la baja definitiva de las licencias pendientes de usufructuar con fecha anterior al 31/12/2009 de todos los agentes y funcionarios dependientes del Ministerio Público, como así también la baja definitiva de las licencias pendientes de usufructuar que no hubieran sido denegadas al 31/12/2015.

En este sentido, señala que de las normas en que se funda la resolución impugnada no surge que la señora Procuradora General se encuentre facultada para adoptar una medida como la dispuesta, pues los agentes que se desempeñan en el ámbito del Ministerio Público resultan ser dependientes del Poder Judicial y, por consiguiente, se encuentran sujetos a lo normado en la Ley Orgánica de este último.

Seguidamente, alega que los empleados judiciales se encuentran amparados por la garantía constitucional prevista en el art. 14 bis de la Carta Magna -protección del trabajo- y por la prohibición de regresividad de los derechos adquiridos, conforme doctrina de la CSJN en “Vizzoti”, “Aquino”, “Milone”, “Madorrán” y “Ate II”.

II.- Que a fs. 124/125 la señora Procuradora General responde el pedido de informe efectuado a fs. 56 y manifiesta que la resolución cuestionada fue dictada en pleno uso de las facultades constitucionales que le fueron conferidas, pues ejerce la superintendencia del organismo a su cargo en virtud de la autonomía funcional dada por la Constitucional Provincial.

Sobre el particular, pone de resalto que si bien los agentes del Ministerio Público se encuentran sujetos a las prescripciones de la Ley K N° 2430 y del Reglamento Judicial -en lo atinente al escalafón, las condiciones de ingreso, la carrera, la estabilidad, el régimen disciplinario, los derechos y deberes, las prohibiciones, las licencias y la remuneración-, ello no importa una pérdida de las atribuciones para ejercer la superintendencia de los empleados, sino que refiere exclusivamente al régimen legal al que estos están sometidos.

Por otra parte y en lo concerniente al fondo del asunto, señala que la baja de las licencias tuvo por objeto ordenar la situación existente en el Ministerio Público en consonancia con el sistema de otorgamiento y usufructo adoptado por el Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, considera que a tenor de lo normado en el art. 70 del Reglamento Judicial, las licencias por compensación de feria deben ser usufructuadas antes del 31 de marzo -si el agente cumplió tareas en el receso de enero- y del 30 de septiembre -si cumplió tareas en el receso de julio-, y excepcionalmente se puede prorrogar su goce hasta un plazo máximo de un año para el caso de que hayan sido denegadas. Por tanto explica-, efectuado un relevamiento y advertida la existencia de licencias por períodos antiguos, se resolvió darle un corte temporal al reconocimiento de esas licencias y, a tal efecto, se adoptó el plazo de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación -cinco años-.

III.- Que, por su parte, a fs. 130/135 vlta. se presenta la Fiscalía de Estado, en ejercicio de la representación legal de la provincia de Río Negro, y produce el informe oportunamente requerido. En su presentación, manifiesta que el peticionante parece confundir y entreverar la competencia en materia de superintendencia atinente al Superior Tribunal de Justicia con la que es propia de la Procuración General por el simple hecho de que la Ley K N° 4199, en su art. 61, remite a la Ley K N° 2430. Manifiesta que de ello se colige que esta última norma rige para todos los empleados del Poder Judicial, sin importar el organismo en que se desempeñen, aunque la autoridad de aplicación se desdobla por las innegables atribuciones que le confiere la Constitución Provincial a la Procuración General en materia de superintendencia -arts. 215 de la Const. Prov. y 10 y 11 de la Ley 4199-.

Seguidamente, arguye que los comprendidos en la resolución cuestionada no son derechos adquiridos, pues el art. 70 del Reglamento Judicial establece un plazo menor para gozar de las licencias por compensación de feria. En ese sentido, puntualiza que la resolución puesta en crisis efectúa un corte temporal sobre períodos de licencias de ese tipo no utilizadas y ya caducas de acuerdo con el Reglamento Judicial y el Reglamento General de Superintendencia del Ministerio Público.

Finalmente, pone de resalto que la acción intentada no cumple con los requisitos exigidos por el Superior Tribunal de Justicia en orden al peligro inminente, la inexistencia de otras vías procesales y el daño cierto y actual que amerite la intervención judicial por el extraordinario y restrictivo cauce procesal del art. 43 de la Const. Prov. En apoyo de su postura, cita jurisprudencia que considera aplicable al efecto.

IV.- Que, uno de los requisitos del amparo es la ilegalidad manifiesta, y de ella se ha dicho que ha de aparecer como patente, notoria, advertible fácilmente sin mayor estudio o profundización.

En el caso de autos, la concurrencia de ese recaudo aparece nítida a poco que se analicen las normas involucradas en la materia de que aquí se trata. Veámoslo.

El art. 61 de la Ley K N° 4199 establece: “Los funcionarios de Ley, empleados de planta y transitorios que cumplen sus tareas en el ámbito del Ministerio Público, continuarán sujetos a las prescripciones del Libro Segundo Sección Tercera Título Segundo Capítulo Único de la Ley Provincial K Nº 2430 y del Reglamento Judicial, en todo lo atinente al escalafón, condiciones de ingreso, carrera, estabilidad, régimen disciplinario, derechos y deberes, prohibiciones, licencias y remuneración”.

Por su parte, el art. 133 de la Ley K N° 2430, perteneciente al Libro Segundo Sección Tercera Título Segundo Capítulo Único, dispone: “Número y categoría. El Poder Judicial contará con los empleados que le asigne la Ley de Presupuesto y según las categorías que establezcan los escalafones judiciales, técnico y administrativo y de servicio y maestranza, asegurándose el derecho a la carrera en todas las Circunscripciones Judiciales. Se incluyen los comprendidos en los artículos 61 y 62 de la Ley Provincial K Nº 4199”. Asimismo, el art. 135 dice: “Deberes y derechos. Los empleados tendrán los deberes, derechos y escalafón establecidos por esta ley y el Reglamento Judicial. Se regirán por las Acordadas y Resoluciones que se dicten hasta tanto se instrumente la Ley Estatuto” (los subrayados nos pertenecen).

La simple lectura de la normativa transcripta precedentemente permite advertir que todos los empleados que cumplen funciones en el Poder Judicial, incluidos quienes lo hacen en el Ministerio Público, se encuentran sujetos a un mismo y único régimen normativo que regula los diferentes aspectos de su relación de empleo público.

En lo que hace concretamente a la cuestión de las licencias por compensación de feria, el art. 70 del Reglamento Judicial prescribe lo siguiente: “Quienes hubiesen prestado servicio durante los recesos judiciales establecidos en el art. 18 de la Ley Orgánica gozarán de la licencia compensatoria por número igual de días hasta el 31 de marzo (receso de enero) y hasta el 30 de septiembre (receso de julio). Cuando lo exigiesen las necesidades de servicio ante circunstancias excepcionales debidamente fundadas, el Magistrado o Funcionario otorgante, de acuerdo con lo establecido por el art. 69 – Autoridades concedentes – lo concederá en fecha distinta a la establecida en el párrafo anterior, hasta un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de la denegatoria para Agentes, Funcionarios de Ley, Funcionarios Judiciales y Jueces de Primera Instancia y hasta dos (2) años para Jueces de Cámara y Fiscales de Cámara”.

Como ya se ha dicho, la norma arriba transcripta es aplicable a todos los agentes judiciales, sin distinción entre quienes se desempeñan en los diferentes organismos jurisdiccionales y no-jurisdiccionales (estos últimos dependientes del Superior Tribunal de Justicia) y quienes lo hacen en las distintas estructuras que conforman el Ministerio Público.

Ahora bien, llegado a este punto no puede desconocerse que el órgano legalmente investido de facultades para dictar el Reglamento Judicial es el Superior Tribunal de Justicia, en virtud de lo normado en el art. 44 inc. j) de la Ley Orgánica N° 2430. Del mismo modo, tampoco puede ignorarse que hay un principio general de “paralelismo de las competencias”, según el cual el órgano que tiene competencia para emitir un acto o una norma es el que dispone de competencia “paralela” para dejarlos sin efecto (véase Germán Bidart Campos: “Manual de la Constitución Reformada”, Edit. Ediar, Tº III, págs. 20, 22 y 165).

Consecuentemente, en ejercicio de esa atribución legal, el Superior Tribunal de Justicia dictó la Resolución N° 569/15 (del 26/07/15) que modificó implícitamente el art. 70 del Reglamento Judicial al establecer en lo pertinente- que los empleados, funcionarios de ley, funcionarios judiciales, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cámara que posean licencias por compensación de feria pendientes de utilizar correspondientes al receso de enero de 2015 y anteriores, contarán con un plazo de tres años desde el 01/09/15 para hacer uso de ellas (art. 1°). Dicha resolución también dispone que, a partir del vencimiento del plazo otorgado, el saldo de ferias pendientes de compensación no utilizadas caducará definitivamente (art. 4°), y que para la compensaciones no utilizadas correspondientes a la feria de invierno de 2015 y sucesivas operará la baja automática de acuerdo con el art. 70 del Reglamento Judicial (art. 5°).

Contra esta resolución de alcance general (emanada del mismo órgano con competencia para dictar el Reglamento y de igual jerarquía normativa que este último) y contra los demás artículos de las leyes previamente citadas que establecen que todos los agentes judiciales incluidos los que prestan funciones en el Ministerio Público- se rigen por el mismo régimen normativo, choca indefectiblemente la Resolución N° 267/16 de la señora Procuradora General, en cuanto dispone la baja definitiva de las licencias no usufructuadas de todos los agentes del Ministerio Público de fecha anterior al 31/12/09.

En este sentido, y sin que ello implique de ningún modo desconocer su innegable jerarquía y autoridad, es claro a nuestro juicio que la Procuradora General no posee facultades ni atribuciones legales para innovar en una materia que, como la relativa al régimen de licencias de los agentes judiciales, corresponde al Superior Tribunal de Justicia, por ser propia del Reglamento Judicial. Ese defecto del acto acarrea su nulidad absoluta, de acuerdo con lo previsto en el art. 19 inc. b) de la Ley A Nº 2938.

Como consideración final, resta señalar que lo aquí expuesto no implica abrir juicio alguno sobre las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta por el Superior Tribunal de Justicia al momento de dictar la Resolución N° 569/15 (a la que se opone la Resolución N° 267/16 de la Procuración General), pues tales aspectos no son susceptibles de revisión judicial y remiten a una cuestión por completo ajena al presente debate.

V.- Que, por último, corresponde referirse a los demás requisitos propios de la acción constitucional directa aquí intentada, a saber: urgencia, daño grave e irreparable, inexistencia de otra vía más eficaz. Al respecto, es pacífica la jurisprudencia en el sentido de que el amparo es una acción sumarísima por la cual se remueve el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho constitucional, en un marco de urgencia, gravedad e inexistencia de otra vía apta suficiente en eficacia y tiempo- para arribar al resultado necesario para el afectado (v. STJRNS4 in re: “SIERRA”, Se. Nº 155/14, entre muchos).

En el caso de autos, la concurrencia de tales recaudos no ha de buscarse en el derecho de los agentes concretamente afectados a gozar de las licencias pendientes. Por el contrario, la gravedad y la urgencia del caso residen en la necesidad de restablecer la vigencia de un único régimen de licencias para todos los agentes judiciales. Desde esta perspectiva, la acción de amparo se visualiza como la vía más eficaz no ya para garantizar el derecho individual de los agentes afectados sino para preservar el orden institucional dentro del Poder Judicial, del cual el Ministerio Público forma parte (art. 215 de la Const. Prov.).

En ese orden de ideas, entendemos que el ejercicio de la superintendencia que compete a la señora Procuradora General como cabeza del Ministerio Público no abarca la facultad de dictar normas que se contrapongan con las que, en ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas, dicta el Superior Tribunal de Justicia para la totalidad de los agentes que conforman los diversos estamentos y planos de la administración de justicia (arts. 197 y 206 de la Const. Prov., 44 inc. “j” y 135 de la Ley K N° 2430 y 61 de la Ley K N° 4199). Dicho en otros términos, la autonomía funcional del Ministerio Público no suprime la existencia de un marco normativo único que rige la relación de empleo público del Poder Judicial con la totalidad de sus agentes.
Por ello,

LA CAMARA LABORAL DE VIEDMA
R E S U E L V E :
Primero: Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro a fs. 51/55 de las presentes actuaciones y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución N° 267/16 de la Procuración General del Poder Judicial, con costas.
Segundo: Registrar, notificar y oportunamente archivar.





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