Legisladores que se opusieron a la sanción del Código Procesal Constitucional piden intervención académica y profesional previa a un nuevo tratamiento

Por ello, el presidente de la bancada José Luis Berros remitió notas al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Juan Carlos Fernández, al rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres y los presidentes de los Colegios de Abogados, entre otras instituciones.

A esas autoridades se les requirió opinión sobre el proyecto aprobado que fue remitido con copia para su evaluación. “Es deber de la Legislatura escuchar las voces de la comunidad organizada cuando se tratan proyectos de tal envergadura. La instancia entre el tratamiento en primera vuelta y la sanción de las leyes constituye el momento específico para ese fin, por lo que consideramos fundamental que antes de una nueva sesión se tengan en cuenta las opiniones calificadas”, sostuvo Berros.

En las misivas elevadas a las entidades se solicita que se envíen opiniones, sugerencias, recomendaciones y modificaciones sobre el proyecto 921 / 2024 que tiene por objeto regular los juicios de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad por omisión, los conflictos de poderes y las acciones procesales constitucionales para el ejercicio de los derechos y garantías.

El marco normativa propuesto por el Superior Tribunal de Justicia establece una serie de condiciones y regulaciones que en primera vuelta fueron consideradas por la bancada que preside Berros como altamente regresivas e, incluso, que vulneran el acceso a la justicia ambiental. El bloque rechazó el proyecto en primera vuelta ya que lo consideró limitante del acceso a la justicia para las personas de menores recursos. En lugar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial, impone restricciones innecesarias y condiciones excesivas, como la exigencia de un daño «grave e irreparable» o la presunción de legitimidad de actos administrativos, lo que dificultaría que los ciudadanos puedan recurrir a la justicia de manera expedita y efectiva. Además, se criticó que la reforma favorece a las empresas y al Poder Ejecutivo, al eliminar la participación ciudadana y al transformar el amparo en un proceso más burocrático y costoso, que desincentiva la acción legal.

En particular, durante las exposiciones en el recinto los legisladores de Vamos con Todos resaltaron el impacto negativo del Código propuesto sobre los derechos colectivos y el acceso de la población a la justicia, especialmente en causas ambientales y de derechos humanos.

Además, se argumentó que el actual sistema de amparo es clave para la defensa de derechos fundamentales en la provincia, citando ejemplos históricos en los que el amparo permitió resolver situaciones de injusticia, como la defensa del Canal 10 o el acceso a servicios bancarios en localidades remotas. Las críticas también apuntan a que la reforma no sólo es innecesaria, sino regresiva, ya que restringe una herramienta de democratización de la justicia que ha sido fundamental para garantizar derechos de los ciudadanos ante la inacción o negligencia de las autoridades.