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“Las grandes clínicas son corruptas e inescrupulosas, pero la rescisión no puede prosperar”

Luego que la Obra Social provincial IPROSS (Instituto Provincial de Seguro de Salud) decidiera rescindir el convenio prestacional con la Federación de Clínicas (FECLIR) en el alto valle de la provincia, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se la consideró una medida acertada a partir que estas corporaciones médicas privadas son corruptas e inescrupulosas y se le tiene que poner fin a sus permanentes abusos.

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Rodolfo Aguiar

Sin embargo, el Sindicato señaló que ese fuerte cambio decidido por el Presidente Claudio Di Tella no puede prosperar, si se tiene en cuenta que el Sistema Público de Salud no se encuentra en condiciones de poder contener la demanda adicional y la mayoría de los hospitales no están preparados para las nuevas derivaciones que en este caso se producirían en las localidades de Cipolletti, General Roca, Villa Regina y toda la zona de influencia.

“La lucha para terminar con la corrupción de las grandes clínicas y sanatorios hay que darla en la provincia, pero bajo otras condiciones, para evitar que los rehenes de esa confrontación sean siempre los mismos. Si no se invierte en el sistema sanitario público, éste jamás podrá ser una opción real a la red privada de prestadores”, reclamó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y remarcó que “con urgencia hay que garantizar las prestaciones para estos 50.000 afiliados del Alto Valle afectados, pero hay que seguir poniendo límites a los voraces intereses económicos de estas empresas. Sus dueños se benefician de los fondos públicos y juegan con la salud de la gente”.

Desde ATE se recordó que 50.000 beneficiarios están en riesgo y sin cobertura médica en este momento, la mayoría de ellos empleados públicos provinciales y municipales, y exigió la inmediata regularización de todas las prestaciones.

La entidad gremial acordó con la necesidad de terminar con las especulaciones y los voraces intereses económicos de las grandes clínicas y sanatorios, cuyos dueños o accionistas se han enriquecido con dineros públicos provenientes del IPROSS y del PAMI. Pero a la vez aseguró que las condiciones no están dadas para llevar adelante desde el Estado esa puja o confrontación, ya que no ha existido una política presupuestaria clara de inversión en el sistema sanitario, que permita que éste pueda ser una opción real a la red privada de efectores en este momento.





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