«La utilización de las horas cátedras con otros fines no solo desvirtúa el destino de los fondos públicos, sino que también debilita el sistema educativo»

«Hace un tiempo se ha detectado el registro de cargos bajo la modalidad de horas cátedras que no se corresponden con funciones pedagógicas ni con tareas propias del trabajo docente. Esta práctica resulta inadmisible, ya que implica utilizar partidas presupuestarias destinadas al sistema educativo para fines distintos a los previstos», manifestó la UnTER.

«Las horas cátedra constituyen financiamiento educativo específico: sostienen puestos de trabajo docente, garantizan el desarrollo curricular y permiten el funcionamiento pedagógico de las instituciones escolares. Su utilización con otros fines no solo desvirtúa el destino de los fondos públicos, sino que también debilita el sistema educativo.

La situación se torna aún más grave cuando se observa que quienes perciben haberes bajo esta modalidad fueron incluidos en el cobro del bono extraordinario otorgado por el gobierno a un sector específico de trabajadores estatales. Este hecho deja en evidencia la pertenencia administrativa de dichos cargos y profundiza las dudas sobre la legalidad, la transparencia y los criterios utilizados.
Mientras tanto, se continúa negando una recomposición salarial real a la docencia y se consolida la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de las y los trabajadores de la educación.

Resulta imprescindible que el Estado provincial brinde explicaciones claras e inmediatas sobre:
los criterios utilizados para estos registros;
el origen y destino de las partidas presupuestarias involucradas;
la inclusión de estos cargos en el pago del bono extraordinario;
y las responsabilidades administrativas y políticas correspondientes.
La educación pública no puede sostenerse con prácticas opacas ni con registros encubiertas de recursos. La transparencia en el uso del presupuesto educativo es una obligación del Estado y una garantía para toda la comunidad.

Desde UnTER exigimos:
el cese inmediato de estas prácticas;
la correcta utilización de las partidas destinadas a educación;
claridad en la administración de los recursos públicos;
y una recomposición salarial real para las y los trabajadores de la educación.
La escuela pública no puede ser variable de ajuste ni escenario de maniobras administrativas que distorsionan el destino de los fondos.
Defender la educación pública también es defender la transparencia, la legalidad y el uso correcto de sus recursos».