La justicia provincial rechazó un pedido de la Federal para enjuiciar a Llambay

Así lo dispuso este jueves el Tribunal integrado por los jueces de Viedma Daniela Zágari, Marcelo Chironi y Marcelo Alvarez al analizar un pedido de la Justicia Federal para que esta causa pase al fuero provincial.

Los jueces de juicio no aceptaron la competencia atribuida a ésta jurisdicción local, ordenándose la devolución inmediata de las actuaciones al Tribunal Oral Federal y la puesta a su disposición de las personas detenidas.

Además invitaron al Tribunal remitente “a trabar la cuestión de competencia por ante el superior común, ello para el caso que no se comparta el criterio expuesto en esta resolución”.
DOS DETENIDOS

En este hecho ocurrido a principios de febrero de este año se encuentran detenidos Miguel
Llambay y Jorge Toledo.

Se les imputan los delitos de “privación coactiva de la libertad” en carácter de coautores “agravado por haber sido cometido con la participación de tres personas”, “lesiones ocasionadas a la víctima y “robo de las pertenencias de la víctima agravado por el uso de arma de fuego no habida”.

Cabe recordar que el Código fija una sanción de 10 a 25 años de prisión al que sustrajera, retuviera u ocultase a una persona con el fin de obligar a la víctima o a terceros a realizar algo contra su voluntad.

COLLAR DE PERRO

Este hecho fue denunciado en los primeros días de febrero de este año por la víctima luego de ser interceptada en una gomería de la zona y trasladado hasta una vivienda ubicada a la vera de la ruta provincial Nº1 en dirección al balneario El Cóndor.

Según la investigación y una vez en el quincho de la casa, a la víctima le colocaron un collar de perro en el cuello y le taparon la cabeza para golpearon brutalmente.

En el marco de esa golpiza lo obligaron a llamar a su padre para que éste entregara o trasfiriera a nombre de Llambay una propiedad, como parte de pago de la deuda que la víctima mantenía con este imputado que en el momento del hecho tenía una empresa constructora que levantaba una escuela en San Blas, donde fue detenido.

La investigación y las detenciones concretadas a fines de febrero fueron ordenadas por la Justicia Federal con asiento en Viedma que dictó los procesamientos de ambos imputados.

Ahora cuando la causa se encuentra en condiciones para llevar adelante el juicio, la Justicia Federal se declaró incompetente y planteó que sea remitida al fuero rionegrino.
Los imputados siguieron la audiencia desde sus lugares de detención y a través de videoconferencia.

DE REGRESO AL FEDERAL

Esta mañana tuvo lugar la audiencia respectiva en la que el Fiscal Jefe, Juan Pedro Peralta, rechazó ese pedido federal fundamentando que la investigación está finalizada y que existen precedentes de casos de estas características que deben ser investigados por la Justicia Federal. Consideró que de pasar ahora a los tribunales rionegrinos -con el cambio de sistema en el fuero nacional- generaría una demora en el proceso que perjudicaría no sólo a la víctima sino también a los imputados que hace más de seis meses que se encuentran privados de la libertad.

Favio Igoldi como defensor de Llambay se manifestó a favor de la intervención de la justicia rionegrina y pidió el control de acusación. No obstante y al igual que el Defensor Oficial Pedro Vega en representación de Toledo coincidió en ajustarse a la decisión del Tribunal. Además Vega adelantó que de ser admitido el pase a la Justicia rionegrina necesitaría tiempo para preparar la defensa, al tiempo que consideró que aceptar la
competencia afectaría los derechos de su asistido.

EL TRIBUNAL

Finalmente el Tribunal provincial coincidió con la opinión del fiscal y no hizo lugar al planteo de la Justicia Federal para que esta causa continúe su investigación en los tribunales provinciales.

Para los jueces Zágari, Chironi y Alvarez “no le asiste razón al Tribunal Federal”, teniendo en cuenta que esta cuestión ya ha sido resuelta por el Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de Viedma y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes análogos y, en los cuales, “ha considerado que convergen una serie de particularidades que indican, más allá de la calificación legal que en definitiva resulte aplicable a los hechos, la conveniencia de que el proceso continúe su tramitación en los estrados federales”.

Recordaron que la Corte sostiene que existen razones que aconsejan no modificar la atribución al fuero federal, ello justificado en la necesidad de resguardar la eficacia de la investigación que representa “una de las formas más violentas de actuación criminal”.

Enfatizaron que la historia de los precedentes jurisprudenciales a los que refiere la propia Corte en sus sentencias impone igual solución y “que en el estado en que se encuentra el trámite permite barruntar que la modificación de competencia que dispone el Tribunal Oral Federal irá en desmedro de una más expedita y eficaz administración de justicia y ello así por cuanto necesariamente el trámite no podría continuarse en una etapa del proceso similar o equivalente a la que ahora transita la causa y ello así porque se está ante sistemas que resultan ser diferentes, regulados por principios distintos y, esencialmente, porque aquello que ha sido incorporado al trámite de forma escrita no puede ser admitido según las reglas que impone la Ley 5020. Ergo, el proceso necesariamente debería retrotraerse a instancias anteriores para su adecuación, tal como la formulación de cargos, acto trascendente de nuestro sistema por medio del cual se fija el hecho enrostrado y se formaliza la acusación”.

En el marco de esa situación, el Tribunal local consideró que “de ser aceptada la competencia no se favorecería de ningún modo a una mejor, más expeditiva y uniforme administración de justicia. Tampoco contribuiría a razones de seguridad jurídica y orden procesal. Perjudicaría no sólo a los imputados, sino también a las víctimas”.