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La justicia ordena a Educación designar intérprete a estudiante sordomudo

La titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de Roca, María del Carmen Villalba, hizo lugar al amparo que interpuso una mamá y ordenó al Ministerio de Educación de la provincia que asigne un intérprete de señas a su hijo, un estudiante secundario que es sordomudo. El fallo impone a Educación “que

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La titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de Roca, María del Carmen Villalba, hizo lugar al amparo que interpuso una mamá y ordenó al Ministerio de Educación de la provincia que asigne un intérprete de señas a su hijo, un estudiante secundario que es sordomudo.

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El fallo impone a Educación “que disponga lo necesario para que en el término de cinco días se brinde el apoyo y asistencia de Maestro de Apoyo a la Inclusión, intérprete de señas, con la mayor carga horaria posible y de acuerdo a las necesidades de desarrollo e integración del hijo de la amparista, bajo apercibimiento de aplicar astreintes diarias de $1.000 en caso de verificarse el incumplimiento”.

El amparo fue presentado por la mamá de un adolescente de 14 años que inició la escuela secundaria en un establecimiento público de Roca, al que eligió por su orientación. La mujer indicó que las clases comenzaron “los primeros días de marzo” y que su hijo, pese a las gestiones realizadas, aún está “esperando que le designen la intérprete para que lo asista” durante toda la jornada escolar. Desde mediados de marzo el alumno tiene asistencia del intérprete dos días a la semana, en horario acotado a dos asignaturas, pues debe compartir el profesional con otro estudiante con idéntica necesidad, que cursa en otro establecimiento.

A requerimiento de la jueza, la dirección del CEM informó que Educación había decidido no crear el cargo de intérprete exclusivo para este alumno, por lo que debía compartirlo, acotando el horario. También dio detalle de las reuniones interinstitucionales y las solicitudes cursadas al ETAP y a la Dirección de Nivel Medio.

La Defensora de Menores dictaminó que el adolescente “encuentra vulnerado su derecho a la educación, situación que debe ser resuelta con la mayor premura”. Cuestionó que “desde noviembre de 2015 se sabía de la necesidad de contar con un intérprete para el joven, sin embargo ha transcurrido el mes de abril y la respuesta de Educación no ha llegado, vulnerándose el derecho a la educación”.

La jueza concluyó que “nos encontramos con un gran catálogo de derechos afectados: el derecho a la educación integral, a la no discriminación y su correlato, es decir, la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona humana”. “A su vez -agregó Villalba- el sujeto que padece la afectación es un joven adolescente que presenta hipoacusia neurosensorial bilateral, por lo que es un sujeto de preferente tutela constitucional”.

También destacó que “en el año 2014 ha adquirido jerarquía Constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), lo que impone a nuestro país el deber de tomar todas las medidas para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”. También recalcó que la Constitución Provincial “impone expresamente en cabeza del Estado la protección integral de las personas con discapacidad, siendo la Provincia quien debe garantizar la educación, capacitación e inserción en la vida social y promover y facilitar su educación especial”.

La jueza citó el informe de la Directora del CEM, en el que se declaró “imprescindible” la labor del intérprete, y las constancias de las que surge que “no han dado autorización del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la creación del cargo de Intérprete de Señas para A”. La misma certificación “también informa que este año los intérpretes de señas serán compartidos por diferentes escuelas, lo que implicaría que los estudiantes que necesiten del mismo, no contarían con el recurso en toda la jornada escolar”.

El CPE, por su parte, sostuvo que su proceder respeta la Resolución N° 3438/11.
“El actuar de la Provincia de Río Negro produce una afectación concreta y actual a los derechos humanos implicados, ya que tal como se corrobora en autos, el adolescente no se encuentra acompañado por el intérprete en forma permanente, sino sólo dos días de la semana (en el turno mañana) y por la tarde ningún día se encuentra con el maestro de inclusión. El actuar del Estado Provincial se caracteriza entonces como un acto manifiesta y actualmente arbitrario y que termina afectando el principio de igualdad ante la ley”, concluyó Villalba.

Qué dice la Convención
Según detalla la sentencia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), en materia educativa, impone a los Estados Parte el deber de adoptar medidas para asegurar que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.





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