La CTA asegura que fue débil el fallo de la Justicia sobre Bernardi

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro, se cuestiona el débil fallo de la Justicia sobre el ex juez Bernardi, y se reprocha la falta de coraje de los magistrados para avanzar sobre los responsables políticos que permitieron y facilitaron tales aberrantes hechos.

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“Se trata de un delito muy grave que conmovió a toda la provincia y la Justicia, con estas sentencias, no ha brindado las respuestas que esperaban los rionegrinos. La condena a Bernardi es absolutamente insuficiente y las responsabilidades políticas siguen sin ser investigadas”, señaló Rodolfo Aguiar.

Luego, el Secretario General de ATE y CTA Río Negro remarcó: “Los jueces y fiscales continúan cumpliendo con la regla de no investigar a los funcionarios mientras estos están en funciones. La ley no es igual para todos en Río Negro”.

Desde la Central advierten la falta total de compromiso de la Justicia para avanzar en la investigación y juzgamiento de las responsabilidades políticas, que necesariamente existieron y permitieron generar el escenario propicio para que los delitos pudieran ser cometidos.

Cabe recordar que las niñas que resultaron gravemente ultrajadas se encontraban en ese momento alojadas en dependencias del Estado provincial, específicamente bajo programas destinados a la protección y contención de las personas en riesgo de vulnerabilidad social, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Asimismo, la CTA también cuestiona la actitud del Poder Ejecutivo, a cargo de Alberto Weretilneck, que, desde el comienzo, “minimizó los delitos  para tratar de deslindar la responsabilidad política y penal que involucran a los altos funcionarios de su gestión”.

En tal sentido, desde la Central Sindical, en más de una oportunidad se reclamó al Poder Judicial que cite al Ministro Ricardo Arroyo por entender que la desidia por éste demostrada generó el escenario propicio para que estos delitos pudieran consumarse. El mismo contaba con los recursos económicos y con las herramientas de gestión necesarias para que los delitos no se consumaran.

Que las niñas víctimas del grave delito estuvieran bajo la tutela y custodia del Estado, residiendo en uno de los hogares proteccionales de la cartera de Desarrollo Social, ponen en cabeza del referido funcionario, una clara responsabilidad política y penal.

Se debe recordar que incluso, Arroyo mintió a todos los rionegrinos, cuando sostuvo que él había sido quien había impulsado la denuncia en la Justicia y que al poco tiempo esto fue desmentido por el Fiscal de la causa.





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