La causa contra el Juez Guerra Lavayén camina hacia el juicio político

Hubo dos abstenciones que incluyeron críticas al procedimiento -la jueza Luján Ignaci y el diputado Juan Martín- pero la mayoría votó por el envío a quien cumplirá la función de acusar en este proceso. También la mayoría votó en contra del pedido de la defensa de Guerra Labayén de ampliar la investigación implicando ello una prórroga.

Fundamentaron que el reglamento autoriza la ampliación en casos complejos, desestimando que este lo fuera y hasta se adjudicó una actitud pasiva de la defensa, en el marco de este proceso.

También se señaló que enviando el sumario al Procurador no son afectados los derechos de defensa del camarista a quien se le reprocha mal desempeño por incumplimientos al demorar sentencias en expedientes laborales.

El diputado Juan Martín se abstuvo al señalar ante el resto de los integrantes del Consejo que “esto me hace ruido por todos lados. No me gustó el procedimiento”. Además consideró que este proceso contra el juez “tiene déficit desde el origen, es ilegítimo y no puedo avalar el envío al Procurador”.

Por su parte la camarista civil, Luján Ignaci, fue más contundente con su postura -tal como se mantuvo en otras audiencias por esta investigación- al interpretar que “el informe debe ser rehecho”, pidiendo que “se haga bien porque estos cargos están mal hechos”. Y también se abstuvo.

No obstante el resto de los integrantes del Consejo –diputados, abogados de Viedma y presidente del Superior Tribunal de Justicia y de este órgano- votaron por enviar la causa al Procurador, avanzando de esta manera hacia el juicio político contra Guerra Labayén.

A LA PROCURACION

Una vez que el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, reciba el sumario y lo analice definirá si acusa o no al camarista suspendido parcialmente desde el 10 de junio.

El informe sumarial elaborado por el abogado Santiago Guenumil le adjudicó a Guerra Labayén mal desempeño de sus funciones e incumplimientos ante retrasos en resolver 25 expedientes, entre los cuales en ocho fue planteada la competencia que significa pedir la intervención de otro juez.

Esta investigación se inició luego de la denuncia planteada por el Colegio de Abogados de Viedma ante esas demoras en resolver causas laborales.

PERDIDA DE COMPETENCIA

El presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Sergio Ceci, explicó que se trata de dos hechos: una demora en dictar 25 sentencias detectadas a finales del año pasado y por el otro lado, ocho planteos de competencia que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial “elevados por distintos abogados ante demoras en sentencias”.

Tras señalar que “esta es una que no sólo agiliza el trámite sino que insta el análisis de responsabilidad de aquel funcionario o magistrado que se demora”, detalló que en esas pérdidas de competencia “la Ley dice que cuando haya más de cinco los jueces que tengan ese tipo de presentaciones incurren en falta grave”.

Además Ceci aclaró que si bien son dos hechos distintos “en este caso sucede que esas ocho pérdidas de competencia están vinculadas a los expedientes que estaban en el primer informe como integrantes del paquete de 25 sentencias que no habían sido dictadas en término”.

ABSTENCIONES Y CRITICAS

El presidente del Superior Tribunal también fue consultado sobre los cuestionamientos del diputado Martín sobre las formas de presentación que generaron su abstención. En este aspecto consideró estos hechos como complejos “porque quien presenta la denuncia es el presidente del Colegio de Abogados a quien letrados le remitieron las constancias de las peticiones de pérdidas de competencias y a partir de allí se inicia este expediente en el Consejo”. Y en cuanto a la mirada crítica sobre la existencia de esos ocho pedidos en un escaso lapso y con una redacción similar de los escritos sostuvo que “tampoco hay distintas formas de formular este tipo de pedido”.

En relación a la otra abstención mantenida por la jueza Ignaci al sostener que el informe sumarial está mal hecho, Ceci puntualizó que “el recorte temporal de cada uno de los hechos es distinto. El primero vinculado a aquellas 25 votos no emitidos en término son en los primeros días de diciembre de 2023 y las pérdidas de competencia ya se dieron en la segunda semana de ese mismo mes. Algunos de ellos están generados por un informe del Auditor General del Poder Judicial y otros por denuncias de distintos colegas del foro”.