Galiano quedó en libertad, los demás detenidos

Finalizadas las declaraciones indagatorias solicitadas por la Fiscal Itziar Soly, a seis de los imputados por el incendio a Tribunales ocurrido el 26 de julio de 2015. Se trata de los hermanos Ricardo Iván y Ricardo Fabricio Colman, de Ricardo Iván Becerra, Gustavo Salinas y los abogados Ignacio Javier Galiano y María Daniela Vivas.

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En la jornada de este jueves fueron indagados los hermanos Colman y Becerra, a quienes la fiscal acusa de haber sido autores materiales de la quema del edificio público, un delito que prevé – según el Art. 186 del Código- una pena de reclusión de tres a quince años. De ellos, sólo Ricardo Iván Colman dio su versión de los hechos negando haber estado en la ciudad en la fecha en que se perpetró el incendio, lo que no obstante, se contrapone con los resultados de diversas pruebas recolectadas.

Soly solicitó la detención de los tres por considerar que existe riesgo de fuga en atención a las características, las circunstancias y la gravedad del hecho y los frondosos antecedentes penales que poseen. El pedido fue otorgado por el juez, por lo cual se encuentran ya alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal de Viedma.

También el policía Salinas brindó el jueves su testimonio. A él, Soly le imputa el delito de encubrimiento agravado al considerar que, en su calidad de agente de dicha fuerza, ayudó a otro de los imputados, el abogado Ignacio Galiano, a eludir la investigación del incendio llegando incluso a brindar, a un compañero perteneciente a la Brigada de Investigaciones, información falsa excluyendo de la misma al abogado.

Según la fiscal, con sus dichos Salinas corroboró la imputación endilgada. También él, al igual que los tres imputados anteriores, quedó preventivamente detenido para evitar su posible fuga ante la gravedad del delito endilgado.

Este viernes continuaron las declaraciones en este caso con la citación a los abogados María Daniela Vivas e Ignacio Galiano.

Según Soly, fue Galiano la persona que encargó “el incendio del Juzgado de Instrucción N° 4 con el objetivo de destruir la totalidad de las instalaciones, en especial de los expedientes que allí se tramitaban”. Por este requerimiento, el abogado prometió otorgarles “una suma de dinero” que no ha sido aún determinada.

El abogado se abstuvo de declarar. El juzgado dispuso su libertad compartiendo los fundamentos de la fiscal, quien entendió que no existía peligro de fuga ya que tiene arraigo en esta ciudad, en la que reside junto a su mujer, sus tres hijos y su familia de origen y en la cual ejerce su actividad comercial y profesional desde hace muchos años. Además, desde febrero, Galiano cumple de forma regular con todas las pautas impuestas por el juzgado a raíz de un pedido de eximición de prisión que le fuera concedido en esta misma causa.

Vivas, por su parte, está imputada por encubrimiento, ya que diversas pruebas obtenidas a partir de la intervención de las comunicaciones telefónicas y el intercambio de mensajes entre ambos abogados dan cuenta no sólo del conocimiento que ella tenía del hecho y de sus autores, sino además de su participación en la elaboración de tácticas y estrategias que desvincularan a Galiano de la investigación de la que formaba parte.

En su caso, a diferencia del anterior, el Ministerio Público Fiscal consideró que no existe arraigo suficiente que evite el peligro de fuga, y sostiene tal presunción a partir de los diversos cambios de domicilio que efectuó en los últimos meses la abogada, sin haberlos notificado correctamente al Tribunal, situación que consta en el expediente judicial. El juez definió entonces que permanezca preventivamente detenida.

La fiscal adelantó que aún resta llevar adelante algunas medidas de prueba al tiempo que sigue siendo motivo de investigación la causa que generó este siniestro.





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