Finalizando agosto se sabrá si el STJ modifica las condenas de los cuatro policías por la muerte del oficial Mandagaray
El 29 de agosto próximo se conocerá si el Superior Tribunal de Justicia modificará las condenas contra los cuatro policías que estaban a cargo del entrenamiento del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate -Coer- de la Policía de Río Negro cuando murió ahogado el oficial Gabriel Mandagaray.


El hecho que tuvo una gran repercusión provincial ocurrió el 15 de abril de 2021 en Bahía Creek. El joven oficial es hijo del entonces jefe de la Regional Primera, Jesús Mandagaray, y de Adriana Fabi, también funcionaria policial que en esa fecha conducía una unidad en la Región Sur.
Este jueves los jueces del Superior Tribunal de Justicia -STJ- hicieron lugar a los planteos de las defensas de los uniformados condenados y analizarán el fallo del Tribunal de Impugnación que confirmó las condenas.
En julio del 2023 los cuatro policías fueron sentenciados a condenas de cumplimiento efectivo por el “homicidio culposo” de Gabriel Mandagaray y “abuso de autoridad”.
CONDENAS
El Tribunal de Juicio integrado por Carlos Reussi, Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi condenó a Alejandro Gattoni a cuatro cuatro años y 10 meses de prisión, a Alfredo Nahuelcheo a cuatro años y seis meses, así como a Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Contreras a cuatro años y tres meses. Además todos fueron inhabilitados para desempeñar funciones policiales.
Los acusaron de haber obligado a Mandagaray a ingresar al mar tomado de un tronco, con ropa y borceguíes a pesar que el joven informó a sus superiores que no sabía nadar. El uniformado murió ahogado.
Ese fallo concluyó en que los cuatro imputados «quebrantaron el rol que les cabía en la situación, generando con ello un riesgo no permitido que se concretó en el resultado muerte».
También fundamentó que el lugar de entrenamiento fue modificado , cambiando las condiciones estipuladas por la autoridad, incrementando el riesgo y que “todos son responsables de la realización de una actividad en el mar sin contar con ninguna medida de seguridad, en contrario de las previsiones que la autoridad -en el caso el Jefe de Policía- había establecido».
La condena incluyó un tercer hecho contra Marcelo Contreras por haberle propinado patadas a un cursante, generándole lesiones que requirieron un tratamiento médico.
SENTENCIA “ARBITRARIA”
En noviembre del año pasado el Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia y las respectivas defensas recurrieron al STJ que ayer habilitó esa instancia.
En esta intervención -no frecuente en el STJ- los jueces de la más alta jerarquía pueden confirmar la sentencia, modificarla o anularla y disponer un nuevo juicio.
Los abogados defensores de los cuatro policías condenados consideraron “arbitraria” la sentencia del Tribunal de Impugnación por carecer de una fundamentación razonada y por haber denegado las respectivas impugnaciones extraordinarias planteadas.
Fernando Ramoa, Oscar Pineda, Favio Igoldi, Luciano Perdriel, Manuel Maza y el Defensor General, Ariel Alice pidieron desde la nulidad de los fallos hasta la absolución de sus representados. Además la mayoría hizo reserva para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso que resulte adverso a sus intereses la resolución del STJ.
En tanto el Fiscal General, Fabricio Brogna, y Damián Torres en la figura de querellante en representación de la familia de Mandagaray solicitaron a los jueces del máximo órgano judicial que rechacen los recursos de las defensas y que confirmen las sentencias dictadas.
HABILITAR LAS QUEJAS
Tras la deliberación de los cinco jueces del STJ el presidente de este cuerpo, Sergio Cecci, informó que “corresponde habilitar las quejas con el fin de analizar si se verifican, en el caso, los vicios alegados en el entendimiento que de ser así podrían verse afectados derechos y garantías de los imputados invocados de manera suficiente por los letrados de las respectivas defensas”.
A partir de ese momento se volvieron a escuchar a los abogados defensores, fiscal general y querellante que fundamentaron sus posturas, en el marco de una audiencia que se extendió por más de cinco horas.
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