Está en el Congreso la propuesta para que los chicos de 13 años vayan a la cárcel y se empezaron a escuchar voces de especialistas en Rio Negro

¿LA NIÑEZ ES ININPUTABLE?

La historia de la infancia, “es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”, señalaba Lloyd deMause.

No era infrecuente que algún historiador, comprobada la existencia del infanticidio generalizado, lo declarara como “admirable y humano”. En otros casos, al referirse a las madres que les pegaban a sus hijos sistemáticamente con palos, cuando aún estaban en la cuna, alegaban sin prueba alguna que, “si la disciplina era dura, también era regular y justa, acompañada por la bondad”.

Por otra parte, otros historiadores, cuando se tropezaban con madres que metían a sus hijos en agua helada cada mañana para “fortalecerlos”, práctica que usualmente ocasionaba la muerte de los niños, decían que “su crueldad no era intencional” sino que, simplemente “habían leído a Rousseau y a Locke”.

No eran pocos, escritores, educadores, historiadores, gobernantes y ciudadanos comunes, a quienes tales prácticas no les parecían censurables, lo grave es que tampoco hoy parece preocuparles.

“¿Se reducirá nuestra culpa si nos vendamos los ojos?”, se preguntaba Alice Miller.

INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

Las cifras que anualmente publica Unicef sobre el estado en que se encuentran las infancias, y adolescencias siguen siendo preocupantes. La situación en que vive la mayoría de las personas menores de 18 años, atenta de manera evidente contra sus derechos fundamentales.

En términos generales puede decirse que los Estados aún no han cumplido con su deber de generar políticas sociales inclusivas y respetuosas de los derechos de los niños.

Eduardo Bustelo, al analizar tales condiciones, menciona a los “niños sacer”, para referirse al estado de máxima precariedad y a la cruel condición en la que se condena a muerte a una infancia carente de futuro, pero donde además, prevalece la impunidad de una sociedad que conoce las causas, pero carece de la voluntad para removerlas.

Asimismo, describe que “miles de ellos mueren cotidianamente, son eliminables o desechables y su muerte no entraña ninguna consecuencia jurídica. En el caso de que mueran por desnutrición, hambre o por enfermedades que podrían ser curables o fácilmente prevenibles, nadie será responsable por ello”. Tampoco lo serán por su pobreza, por la miseria, los abusos o los malos tratos.

Ahora bien, los niños, nunca constituyeron una amenaza para el orden estatuido sino que, a la inversa, han sido los sistemas quienes restringieron y le restaron libertad para su desarrollo.

“POR SU PROPIO BIEN”

El poder, se sabe, actúa en la regulación de los cuerpos y en la construcción de la subjetividad, y es capaz de absolutizar un dominio por encima del consentimiento de los sujetos. Así, el sistema interviene sin resistencias, para plasmar una mirada hegemónica de la infancia, donde la “docilidad” del niño nos habla, no de su voluntad, sino de su subordinación, es decir, obediencia irrestricta a los adultos y ello, no pocas veces, los ha crucificado en el cumplimiento de órdenes, mandatos, ilusiones y expectativas de quienes todos dicen hacerlo, “por su propio bien”.

La arrogancia de nosotros, los adultos, señaló Alesandro Baratta “es que hasta ahora no hemos sabido crear una sociedad madura”. “Estamos en plena inmadurez histórica”, la arrogancia con respecto a los niños es tan injustificable cuanto risible. Risible, si no fuera tan trágica en sus efectos, nuestra pretensión de reducirlos a ser similares a nosotros.

Es trágica, en efecto, nuestra incapacidad de respetarlos, de comprenderlos, y lo mucho que perdemos por no saber aprender de los niños.

Tampoco es extraño que en nuestro país hoy o ayer, como bien observa Silvia Guemureman, exista una avanzada punitiva en torno a los chicos, ubicándolos una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

TEMOR AL DELITO

Desde la década de 1970, describe D. Garland, el temor al delito ha venido adquiriendo una mayor relevancia. “Lo que en un tiempo se veía como una ansiedad situacional y localizada, ha llegado a considerarse como un problema social fundamental y una característica de la cultura contemporánea”.

El temor al delito ha llegado a considerarse como un problema “en” y “por sí mismo”, claramente distinto del delito y la victimización reales, y se han desarrollado políticas particulares que no apuntan a reducir el delito, sino a contener los niveles de temor.

En estos últimos años se ha visto invadido el debate público hasta la saturación: “la delincuencia de los jóvenes, las violencias urbanas, los múltiples desórdenes, cuyo crisol serían los barrios sensibles”, y las faltas de urbanidad de los que sus habitantes son presuntamente las mayores víctimas y, a la vez, los primeros culpables.

“La retórica militar de la guerra al crimen y de la reconquista del espacio público”, explica Garland, “asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), a los jóvenes, los sin techo, los mendigos” y a todos otros a quienes se considere marginales.

En estas circunstancias, se insiste en tratar de borrar el estado económico, achicar el estado social, y fortalecer el Estado penal.

“MANO INVISIBLE Y PUÑO DE HIERRO”

La utilidad del aparato penal en la era poskeynesiana del empleo inseguro, sostiene Garland, es triple: “sirve para disciplinar a los sectores de la clase obrera reacios al nuevo trabajo asalariado precario; neutraliza y excluye a sus elementos más disociadores o a los que se consideran superfluos con respecto a las mutaciones de la oferta de empleos, y reafirma la autoridad del Estado en el dominio restringido que en lo sucesivo le corresponde”.

Mano invisible del mercado y puño de hierro del Estado se conjugan y se completan para lograr una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la inseguridad social que el mismo conlleva.

Cuando existe una sociedad con gran inequidad, “con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada, justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos”, señala Guemureman, “la política criminal no puede estar centrada en bajar la edad de punibilidad, porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva cada vez mas tempranamente a la vida de esas personas”, ocasionando aún más los desequilibrios.

ALTERNATIVAS SIN ENCIERRO

En distintas estadísticas de Unicef se observa que, casi la totalidad de los adolescentes privados de su libertad en centros cerrados son varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Alrededor del 6% son niños menores de 16 años. En este sentido, la baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de muy pocos chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país.

La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud), son retos que aún perduran en el sistema de justicia.

Las políticas duras nunca han dado los resultados que se proponían, demostrando además que son ineficientes, tampoco han sido eficaces en la realización los principios de prevención, porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social.

DERECHOS Y PROTECCION INTEGRAL

La exigencia hoy, es la de reformular las políticas públicas, con un enfoque de derechos, que sea garantista, de protección integral y de restitución de derechos.

El fortalecimiento de un sistema de protección integral resulta entonces, central. Inicialmente, para prevenir y trabajar antes que el niño o el adolescente entre en contacto con la ley penal. Pero si se llegara a esa situación, se debería acompañar promoviendo sus derechos y, fortaleciendo el egreso para evitar nuevos conflictos, trabajando en un nuevo proyecto de vida.

Es decir, el dispositivo de la protección integral debe basarse sobre todo, en el reconocimiento de la necesidad de revisar nuestra concepción de infancias y adolescencias y con ella de manera muy especial los dispositivos de intervención sobre las niñas, los niños y adolescentes en situación de pobreza, como posibilitadores del desarrollo humano.