En un mismo día tres familiares directos y policías debieron afrontar distintas imputaciones

Con dos horas de diferencia fueron formulados los cargos a estos tres integrantes de la familia Montero.

Al primero de ellos se le imputó el delito de “hurto agravado” porque se habría llevado un paquete de pañales de una dependencia del Ipross, mientras cumplía con un servicio adicional.

A los otros dos -padre e hijo- les formularon cargos por un hecho violento protagonizado en la Terminal de Colectivos de Viedma.

Ambas audiencias fueron conducidas por la jueza de Garantías, Georgina Amaro.

DESTROZOS Y AMENAZA

La segunda investigación iniciada tuvo como protagonistas a padre e hijo luego de ser ambos denunciados por un hecho ocurrido el 22 de agosto de este año.

Según la imputación detallada por el fiscal adjunto, Gonzalo Sanz, a ambos se les atribuye haber sido quienes al mediodía de aquella jornada se presentaron en la boletería de una empresa de trasporte en la Terminal de Viedma para reclamar porque a otro hijo del padre imputado -también policía- no le habían permitido subir al colectivo en Sierra Grande con destino a la capital rionegrina. Un problema con el DNI habría sido la causa.

Ante el reclamo, el trabajador que los atendió llamó a la empresa que le respondió que se le reconocería solo el 30% del importe del boleto. Esta respuesta generó la reacción de uno de los imputados que empezó a dar golpes de puño al vidrio de la boletería hasta romperlo.

Luego por el hueco que había quedado al ser destrozado el transparente, el padre sacó el teclado de la computadora que rompió contra el piso. También intentó tomar al trabajador, quien al tratar de evitar la situación retrocedió unos pasos y el imputado tiró elementos que se encontraban sobre el escritorio, entre ellos, el router de la computadora y el CPU, entre otros.

Antes de retirarse los dos imputados le advirtieron al empleado de la empresa de trasporte que no olvidara sus caras “porque lo iban a cagar a piñas”, generando temor en el denunciante porque sabía que eran policías.

Otros testigos también reconocieron a los dos hombres como integrantes de la fuerza provincial.

En ese marco el fiscal les imputó a ambos y a título de coautores el delito de “daño y amenazas en concurso ideal”.

Además pidió un plazo de cuatro meses para la investigación, planteo con el que estuvo de acuerdo la Defensora Oficial, Graciela Carriqueo.

La jueza Amaro hizo lugar a ese pedido y tuvo por formulados los cargos.

No obstante, antes de finalizar la audiencia el fiscal le adelantó que se trabaja en la posibilidad de llegar a un criterio de oportunidad, un método alternativo de resolución de conflictos que constituye una forma distinta de administrar justicia, teniendo en cuenta la intención manifestada por los imputados de reparar los daños provocados.