«El Poder Judicial de Río Negro ha dejado de ser un poder independiente para convertirse en la guardia pretoriana del Gobernador»
Lo manifestó Luciano Delgado Sempé Legislador Provincial de Río Negro del bloque Vamos con Todos.


Luciano Delgado Sempé Legislador Provincial de Río Negro del bloque Vamos con Todos
«No existe un solo fallo relevante que haya salido en contra de la administración provincial, mientras los rionegrinos somos testigos de el colapso de la infraestructura y los servicios públicos que deben garantizar los derechos de la población», manifestó Sempé.
Además dijo que, «la obsecuencia del Superior Tribunal de Justicia con el Poder Ejecutivo ya no es disimulable: es obscena.Los cinco magistrados del STJ actúan como un apéndice del gobierno de turno. Mientras tanto, se jactan públicamente de que Río Negro es la provincia con “mayor acceso a la justicia” del país. Una cosa es acceder y otra obtener la justicia que surge de la ley.
«Acceso puede haber, pero justicia para la gente, jamás. Porque de cada diez causas iniciadas contra la Provincia de Río Negro, las diez terminan fallando a favor del Gobernador y de la Fiscalía de Estado.
Una Fiscalía de Estado que no solo cobra sueldo y aguinaldo, sino también honorarios, y cuyos abogados son designados a dedo, sin ningún tipo de control ni transparencia pero con sueldos que superan al de un docente o policía.
Durante años, el último lugar al que los rionegrinos podíamos recurrir frente a un gobierno que no daba respuestas y cometía abusos de todo tipo era la Justicia. Hoy, ni siquiera eso nos queda. Peor aún: el Poder Judicial ha llegado al extremo de aplicar costas a trabajadores y trabajadoras que reclaman, con el único objetivo de disciplinarlos y desalentar futuros reclamos. Es un mensaje claro: no vayan a la Justicia, porque les va a salir caro.
Pero hay algo todavía más grave y peligroso.
– Han creado una Dirección de Estadísticas que informa a cada juez o jueza cómo impactan sus sentencias en la opinión pública. Esto es una locura institucional. Es un mecanismo de presión directa para condicionar fallos según conveniencia política.
– Un juez no debe dictar sentencia para caer bien, ni para cuidar su imagen, ni para responder a encuestas o estadísticas.
– Un juez debe impartir justicia conforme a la ley, a su conocimiento y a su conciencia, con absoluta imparcialidad.
Cuando la Justicia deja de ser independiente, la democracia entra en zona de riesgo.
Y en Río Negro, lamentablemente, ese límite ya fue cruzado». finalizó Luciano Delgado Sempé.
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