El Gobierno decidirá si Machado es extraditado de Viedma a EEUU luego de la autorización de la Corte Suprema

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.

Los argumentos de la defensa

Durante el proceso, la defensa de Machado, representada por Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, presentó una serie de objeciones. Entre ellas, alegó la ausencia de “doble incriminación”, cuestionó la imparcialidad del juez federal interviniente —por el rechazo de pruebas ofrecidas por la defensa y la negativa a su recusación— y denunció una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) frente a solo dos defensores.

Además, se planteó la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, y se invocó el principio de «ne bis in idem».