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Dictan absoluciones para ex funcionarios en causa por presunto fraude a la administración pública

La Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, absolvió de culpa y cargo a Flavio Andrés Linares y Ricardo Elías Poo y Balbontin, en orden a los hechos por el que fueran traídos a juicio, los cuales han sido tipificados como: “fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con

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La Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, absolvió de culpa y cargo a Flavio Andrés Linares y Ricardo Elías Poo y Balbontin, en orden a los hechos por el que fueran traídos a juicio, los cuales han sido tipificados como: “fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con falsificación ideológica de documento público”.

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Los Jueces Guillermo Bustamante, Eduardo Roumec y Sandra Elsa Filipuzzi de Vázquez sostuvieron al momento de dictar sentencia que “ tomando en consideración la postura asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal, no cabe otro pronunciamiento que la absolución de los imputados toda vez que al formular su alegato, la Fiscalía no ha solicitado condena, y el pedido absolutorio que ha realizado ha sido fundado por el representante del Ministerio Público Fiscal en la ausencia de prueba que acredite la responsabilidad de los traídos a juicio en el hecho que se ventila.”

El Juez Guillermo Bustamante tuvo el primer voto, al que adhirieron sus pares-, consignó además que “las conclusiones a que arriba el Fiscal son en el marco de un alegato válido, en el que analiza el entretejido resultante de las declaraciones de los testigos, y los confronta a la prueba documental, para arribar a las premisas procesalmente aptas que lo llevan a requerir la absolución de los imputados.”

“Por ello, y agregando a lo ya dicho la doctrina, a la que, como sabemos, abreva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (…), que en lo esencial dice que en materia criminal el art. 18 CN exige la efectiva presencia de acusación, defensa, prueba y sentencia y faltando uno de estos pasos fundamentales del proceso, la condena afectaría gravemente la garantía establecida en esa norma. Si no hay acusación no puede haber condena, porque de haberla se funden los roles de acusar y juzgar en una sola persona (el juez)”, explicó.

También reseñó que “cabe mencionar asimismo que a su turno, los Señores Defensores adhirieron a los fundamentos expuestos por el Fiscal de Cámara, dando sus fundamentos para ello, los que ya han sido reproducidos.”

El Juez Bustamante puntualizó que “para concluir entonces, ante el pedido del Señor Fiscal de Cámara y, reitero, considerando fundada su petición por todo lo dicho, aplicando la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación en autos “Mostaccio” (M. 528. XXXV), debe absolverse a los imputados por el hecho respecto del cual fueron traídos a juicio, sin costas”.

También expresó que “…sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adoptará en los presentes, la cual se impone en función a los fallos mencionados anteriormente, no debo soslayar el dispendio jurisdiccional en que se ha incurrido por la deficiente instrucción que se fundó en un no menos deficiente procedimiento realizado en el expediente administrativo.”

Afirmó que “luego de extensas horas de audiencias la sensación que queda es que los hechos analizados pudieron tratarse de incumplimientos que habrían generado una infracción reglamentaria, una conducta esquiva de parte de los funcionarios públicos respecto de sus obligaciones administrativas, una inobservancia de normas prácticas que hacían a su labor profesional, pero difícilmente aquellas cuestiones pudieran haber constituido un delito.”
Recordó que “en el presente proceso se investigó un eventual fraude a la administración, comprobándose en el peor de los casos la existencia de cambios en algunos trabajos encomendados, que antes de llegar a esta instancia debieron ser evaluados convenientemente en la misma sede administrativa que los había encomendado.”

“No fue así, no fue ello lo que ocurrió, sino que primero en sede administrativa y luego en sede judicial se actuó precipitada e inconsistentemente sustanciando sin más un expediente penal tomando como base, principalmente, los informes del arquitecto Monge, los mismos que fueran por él controvertidos, sin arribar a conclusiones más elaboradas las que podrían haber sido ilustradas por adecuados informes técnicos,” fundamentó el camarista penal.

Finalmente, el Juez Guillermo Bustamante añadió que “todas estas cuestiones, sumadas a las características de la licitación y el fin último de las contrataciones cuestionadas, la especialidad de los edificios en los que se trabajaba, los años en los que las obras fueron efectuadas, los tiempos políticos y económicos en los que las mismas se practicaron, la deficiente documentación confeccionada, la débil actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, llevó a que se formaran éste y otros expedientes similares en los que se investigaron conductas de distintos funcionarios públicos y empresarios, más a esta altura, es importante destacar que los hechos concretos sometidos a investigación no traspasan las barreras hacia la ilicitud. La calidad de la obra, el desorden administrativo –justificado o no con la crisis a la que se aludió en el debate-, no son materia de análisis en este fuero.”

SE ADJUNTA SENTENCIA COMPLETA CON FUNDAMENTACION DEL FALLO DE LA SALA A DE LA CAMARA EN LO CRIMINAL DE VIEDMA

VIEDMA, 4 de Diciembre de 2015.

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo de los Señores Jueces de la Sala “A” de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, integrada con los doctores Guillermo Bustamante en su carácter de presidente y Eduardo Roumec y Sandra Elsa Filipuzzi de Vázquez como Vocales, para resolver en los autos caratulados “LINARES, Flavio Andrés y otros S/ FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA JUICIO”, Expediente Nº 503/243/12 de los que;

RESULTA:

Que los días 27 y 30 de octubre de 2015 y 9 y 10 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo las audiencias de debate oral y público con la presencia del Tribunal, en la Sala de Audiencias de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de esta ciudad, asistidos por la señora Secretaria, doctora Elizabeth Karqui, habiendo concurrido el Fiscal de Cámara subrogante Dr. Hernán Trejo, los imputados Flavio Andrés Linares y Ricardo Poo y Balbontin, asistidos por el Defensor particular Dr. Manuel Maza y el Defensor Oficial Dr. Pedro Vega, la Defensora Oficial adjunta Dra. Margarita Carriqueo, respectivamente.

En la primera audiencia, el día 27 de octubre de 2015 el Señor Presidente advirtió a los imputados que estuvieran atentos a lo que iban a oír, dando lectura por Secretaría a la requisitoria de elevación a juicio de fs. 1248/1272.

Seguidamente pidió la palabra el Dr. Manuel Maza quien hizo saber al Tribunal que desistía del ofrecimiento de los testigos Etcheverri, Ponce Giordanella, Rojo, Arcenillas, Demartini, Manuel y Ana Mazzaro. Cedida la palabra al Dr. Vega, indicó no tener objeciones que formular, al igual que el Señor Fiscal de Cámara, con la salvedad de solicitar la incorporación por lectura de las declaraciones labradas en la instrucción. Cedida la palabra a los señores defensores, no formulan objeciones, por lo que el Sr. Presidente tiene por desistidos los testimonios mencionados, disponiendo oportunamente incorporar los testimonios de María Alicia Giordanella Giordanella (fs. 63/64), Luis Dardo Rojo (fs. 357/358), Edgardo Raúl rcenillas (fs. 359/360), Yolanda Ester Demartini (fs. 61/62) y Gabriel Alejandro Manuel (fs. 355/356).

A continuación, iniciada la etapa de las indagatorias, se hizo comparecer al imputado Ricardo Elías Poo y Balbontin, quien preguntado por sus datos personales dijo: ser argentino, de 69 años de edad, nacido en Mar del Plata (Bs. As.) el 18-12-1947, hijo de Ricardo Omar Poo y Balbontin y de Elsa Raquel Balbontin, casado, instruido, arquitecto, documentado con DNI Nº 8.701.160, domiciliado en calle 9 de Mayo 485 de esta ciudad. En la continuidad se le recordaron los hechos que se le atribuyen, las pruebas existentes en su contra, haciéndole saber que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción alguna en su contra. Manifestando que se abstendría de declarar por el momento.

En la secuencia compareció el imputado Flavio Andrés Linares, quien preguntado por sus datos personales dijo: ser argentino, de 41 años de edad, nacido en Viedma el 17-4-1974, hijo de Egar Juan (f) y de Norma Griselda Decandia, divorciado, instruido, arquitecto, documentado con DNI Nº 23.638.795, domiciliado en calle Tierra del Fuego 194 de esta ciudad, teléfonos 435207 (fijo) y 15411119, al igual que en el caso de su coimputado se le recordaron los hechos que se le atribuyen, las pruebas existentes en su contra y que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción alguna en su contra, manifestando que por el momento se abstendría de declarar.

Seguidamente se hizo comparecer a los testigos José Miguel Vivas, María Lucrecia Yunes, Oscar Víctor Ulloa y Jorge Eduardo Monge.

En la segunda audiencia celebrada el día 30 de octubre de 2015, abierta la misma el Dr. Maza efectuó una petición respecto de un expediente administrativo la que fue adherida por el Dr. Vega y respecto de lo cual no existió objeción alguna respecto del Dr. Trejo por el Ministerio Público Fiscal.

Seguidamente, a pedido de la defensa y del imputado, se recibió declaración indagatoria a Flavio Andrés Linares, en la misma ocasión, habiendo pedido el Dr. Vega se recabara el Expediente Nº 2019-S-2007 del registro del Tribunal de Cuentas, se dio la palabra al Dr. Trejo quien hace saber que conforme los dichos exculpatorios hasta ahora escuchados de Linares, su Ministerio no tiene objeciones a que se soliciten las citadas actuaciones administrativas, disponiendo el Señor Presidente librar oficio al Tribunal de Cuentas a fin de que haga entrega del expediente de referencia a los Dres. Manuel Maza y/o Pedro Vega, quienes se encontrarán facultados para correr con su diligenciamiento. Asimismo, dispone -a pedido de la defensa- citar nuevamente al testigo José Miguel Vivas para el próximo día 9 de noviembre a las 17:30 horas, en que continuará la presente audiencia, dándose las partes por debidamente notificadas prestando conformidad con el día y hora señalados.

Luego de lo relatado continuó la declaración indagatoria del imputado Flavio Andrés Linares. Se deja constancia de que el Sr. Presidente exhibe al imputado el expediente Nº 2018-2004 las fojas 191 y 192 y lo interroga si reconoce sus firmas. Linares reconoce como suya una de las firmas insertas al pie en la foja 191 pero no así como propia las que obran insertas a fs. 192.

En la tercera audiencia celebrada el día 9 de Noviembre de 2015 declaró el testigo José Miguel Vivas, a quien el Señor Presidente hizo saber que continuaba bajo juramento de ley prestado en su oportunidad.

Finalizado el testimonio, se dispuso la recepción de la declaración indagatoria de Ricardo Poo y Balbontin, por haberlo así solicitado.

A continuación se incorporan por su lectura las declaraciones testimoniales de María Alicia Giordanella (fs. 63/64), Luis Dardo Rojo (fs. 357/358), Edgardo Raúl Arcenillas (fs. 359/360), Yolanda Esther Demartini (fs. 61/62) y Gabriel Alejandro Manuel (fs. 355/356), y de la restante prueba consistente en: denuncia del Dr. Pablo Berraz (fs. 1/11), Nota Nº 458/06 adjuntando fotocopias plano Escuela Primaria Nº 66 (fs. 57/60), Nota Nº 542 Escuela Primaria Nº 66 (fs. 80/96), informe del arquitecto Eduardo Monge (fs. 100/121), Nota Nº 225/07 de la Dirección de Asuntos Legales del CPE (fs. 161/165), Nota Nº 235/06 de la Dirección de Asuntos Legales del CPE (fs. 171/173), Nota Nº 459/07 de la Dirección de Asuntos Legales del CPE (fs. 274/275), fotocopias de Tecni-Sur SRL (fs. 363/387), Nota Nº 307/08 de la Dirección de Asuntos Legales del CPE (fs. 391/393), Nota Nº 348/08 de la Escuela Especial Nº 2 de Allen (fs. 422/450), Nota Nº 490/08 del CEM Nº 66 de Allen (fs. 451/463), Informe de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación (fs. 542/550), acta de reunión del Consejo de Obras Públicas (fs. 807/808), informes periciales (fs. 887/895 y 1165/1189), documental acompañada por Lo Pinto (fs. 361/387), documental reservada en secretaría (fs. 1277/1278 y 1280), respecto de Linares informes de abono (fs. 222/223), informe del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 1228/1230), planilla de filiación (fs. 1476); respecto de Poo y Balbotín planilla de filiación (fs. 883), informes de abono (fs. 834/835), informe del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 844/845), informe de Secretaría en relación a los pedidos de suspensión del juicio a prueba formulados a favor de los imputados Lo Pinto y Franco (fs. 1399), copia certificada de la sentencia dictada en los autos caratulados “Linares, Flavio Andrés y otro S/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, expediente Nº 66/36/10 (fs. 1404/1460), informe del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Río Negro (fs. 1481/1495) y el expediente administrativo Nº 2019-S-2007 del Tribunal de Cuentas de la Provincia (fs. 1668).

En la cuarta audiencia celebrada el 10 de Noviembre de 2015, clausurada la etapa probatoria se dio inicio a la etapa de alegatos, en la ocasión el Señor Fiscal de Cámara Dr. Trejo principia sosteniendo que analizada la prueba documental reunida en autos, los testimonios escuchados en la audiencia y las defensas exculpatorias de ambos imputados, no le ha sido posible llegar a la certeza requerida en la etapa que el proceso transita, por lo que levanta la acusación del requerimiento de elevación a juicio en relación a todos los hechos que fueron motivo de acusación. Valoró en tal sentido la prueba reunida en sustento de su postura, concluyendo que no existió perjuicio para el erario público provincial y finalizó solicitando la absolución de culpa y cargo de Flavio Andrés Linares y Ricardo Elías Poo y Balbontin.

Habiendo concluido el alegato del Dr. Trejo se dio la palabra al Señor Defensor del imputado Linares, así el Dr. Maza destacó que en el debate se había respetado el derecho de defensa. En relación al pedido formulado por el Sr. Fiscal de Cámara, sostuvo que aquel estaba lo suficientemente fundamentado y que si no hay acusación fiscal, conforme a la jurisprudencia de la CSJN, correspondía la absolución de su pupilo.

A continuación tomó la palabra el Dr. Vega quien adhirió al alegato efectuado por el Señor Fiscal de Cámara y del Dr. Maza coincidiendo con la actitud del Tribunal y del Fiscal de Cámara en el desarrollo del debate. Agregó que faltando la acusación del Ministerio Público y en virtud de la doctrina de la Corte, correspondía la absolución de su pupilo. Finalizó sosteniendo que ante la falta de acusación del Sr. Fiscal de Cámara, la sentencia también debía comprender a la imputación de Franco, extendiendo la absolución a su respecto.

Acto seguido se preguntó a los imputados si tenían algo que agregar, manifestando ambos que sí, pronunciándose en relación a sus pretensiones, luego de lo cual y no siendo para más, se dio por concluido el debate, citando a las partes para la lectura de la sentencia el día 3 de diciembre de 2015 a las 12:30 horas.

Y CONSIDERANDO:

Que en la deliberación prevista por el art. 372 del rito, se planteó, analizó y resolvió, en el orden previsto por el art. 374 Código Procesal Penal, la siguiente:

CUESTIÓN:

¿Qué pronunciamiento debe adoptarse?

A la cuestión planteada, el Dr. Guillermo Bustamante dijo:

I.- Requerimiento de elevación a juicio: El Ministerio Público Fiscal formuló los hechos endilgados a los imputados en los términos descriptos en el Requerimiento de Elevación a Juicio obrante a fs. 1248/1272 al cual me remito.

II.- Alegatos:

Al momento de los alegatos, principió en la Audiencia con la palabra el Sr. Fiscal de Cámara, quien luego de describir los hechos y efectuar distintas consideraciones, concluyó solicitando la absolución de los traídos a juicio, por falta de pruebas que acrediten la responsabilidad penal de Linares y Poo y Balbontin en relación a los hechos investigados.-

En su prolijo y meditado alegato, comenzó el representante del Ministerio Público Fiscal hablando de la certeza que la etapa debe registrar para solicitar una condena, la que no ve presente en este caso, se refirió a aspectos de la contratación de las obras escuela por escuela. Indicó que de los testimonios recibidos en Audiencia el más claro fue el del Arquitecto Ullúa. Efectuó consideraciones en torno al sistema de ajuste alzado utilizado en la contratación. Sostuvo que en los expedientes investigados nunca se analizaron las demasías, sino que sólo se tuvieron en cuenta las economías de obra, cuestionando el informe y testimonio del Arquitecto Monge, como así también la actividad del Ingeniero Vivas, mencionó en relación a las obras la vigencia de la ley de emergencia económica.

En relación al hecho en que se imputaban irregularidades en las obras de la escuela primaria de la localidad de J. J. Gómez, sobre todo en lo atinente a la firma del certificado de entrega provisoria y definitiva el mismo día el Señor Fiscal de Cámara destacó la actitud de Linares que no desconoció su firma pero sostuvo no haber firmado el certificado de entrega definitiva. A su vez el Dr. Trejo cuestionó la aptitud del documento como instrumento público en virtud de la ausencia de firma de algún representante empresario, luego de lo cual afirmó no encontrar perjuicio económico para la provincia, afirmando a su vez que la firma de dos de las actas en un mismo día podía deberse a una desprolijidad administrativa mas ello no alcanzaba para aplicar la ley penal al respecto.

En su alegato el Dr. Trejo cuestionó el informe del MMO Arcenillas. En relación al hecho Nº 4 indicó que el libro de certificaciones y servicios contempla las demasías, las que están previstas en el mismo expediente administrativo.

Destacando finalmente el informe del Consejo de Obras Públicas que estableció la inexistencia de perjuicio económico para el estado provincial.

A su turno el Dr. Maza adhirió al pedido de absolución del Fiscal de Cámara y recuerda precedentes de la CSJN, además de destacar el respeto por el ejercicio pleno del derecho de defensa de su asistido, indicó que la causa nunca debió llegar a juicio y solicitó la absolución de su cliente por falta de acusación fiscal.

A continuación el Dr. Pedro Vega se adhiere al pedido de absolución de culpa y cargo solicitado por el Fiscal de Cámara, destacando asimismo la actitud del Tribunal y del Señor Fiscal de Cámara en el mismo sentido que lo hiciera el Dr. Maza, hizo mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos el fallo “Tarifeño”, pidiendo la absolución de sus asistidos Poo y Balbontin y Franco.

III.- Ya en el análisis de la cuestión, tomando en consideración la postura asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal, no cabe otro pronunciamiento que la absolución de los imputados toda vez que al formular su alegato, la Fiscalía no ha solicitado condena, y el pedido absolutorio que ha realizado ha sido fundado por el representante del Ministerio Público Fiscal en la ausencia de prueba que acredite la responsabilidad de los traídos a juicio en el hecho que se ventila.

Tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en autos “Ortiz Sergio Celestino s/ lesiones leves calificadas por el vínculo s/ Casación”, Expte. Nº 124654/97 STJ (Sentencia N 11 de fecha 11.3.98) que ante el pedido desincriminador de la Fiscalía, el pronunciamiento a dictar sólo puede ser absolutorio.

Las conclusiones a que arriba el Fiscal son en el marco de un alegato válido, en el que analiza el entretejido resultante de las declaraciones de los testigos, y los confronta a la prueba documental, para arribar a las premisas procesalmente aptas que lo llevan a requerir la absolución de los imputados.

Por ello, y agregando a lo ya dicho la doctrina, a la que, como sabemos, abreva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vgr., en “Tarifeño, Francisco s/encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad”, (La Ley, 1995-B, 32; DJ, 1995-1-703) y “Mostaccio, Julio Gabriel s/ homicidio culposo”, (La Ley, 2004-B, 457; 2004-C, 69; DJ, 2004-2-2; RU, Rev. 2/2004, p. 35), que en lo esencial dice que en materia criminal el art. 18 CN exige la efectiva presencia de acusación, defensa, prueba y sentencia y faltando uno de estos pasos fundamentales del proceso, la condena afectaría gravemente la garantía establecida en esa norma. Si no hay acusación no puede haber condena, porque de haberla se funden los roles de acusar y juzgar en una sola persona (el juez).

Cabe mencionar asimismo que a su turno, los Señores Defensores adhirieron a los fundamentos expuestos por el Fiscal de Cámara, dando sus fundamentos para ello, los que ya han sido reproducidos.

Para concluir entonces, ante el pedido del Señor Fiscal de Cámara y, reitero, considerando fundada su petición por todo lo dicho, aplicando la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación en autos “Mostaccio” (M. 528. XXXV), debe absolverse a los imputados por el hecho respecto del cual fueron traídos a juicio, sin costas.

Obiter dictum y sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adoptará en los presentes, la cual se impone en función a los fallos mencionados anteriormente, no debo soslayar el dispendio jurisdiccional en que se ha incurrido por la deficiente instrucción que se fundó en un no menos deficiente procedimiento realizado en el expediente administrativo.

Luego de extensas horas de audiencias la sensación que queda es que los hechos analizados pudieron tratarse de incumplimientos que habrían generado una infracción reglamentaria, una conducta esquiva de parte de los funcionarios públicos respecto de sus obligaciones administrativas, una inobservancia de normas prácticas que hacían a su labor profesional, pero difícilmente aquellas cuestiones pudieran haber constituido un delito.

En el presente proceso se investigó un eventual fraude a la administración, comprobándose en el peor de los casos la existencia de cambios en algunos trabajos encomendados, que antes de llegar a esta instancia debieron ser evaluados convenientemente en la misma sede administrativa que los había encomendado.

No fue así, no fue ello lo que ocurrió, sino que primero en sede administrativa y luego en sede judicial se actuó precipitada e inconsistentemente sustanciando sin más un expediente penal tomando como base, principalmente, los informes del arquitecto Monge, los mismos que fueran por él controvertidos, sin arribar a conclusiones más elaboradas las que podrían haber sido ilustradas por adecuados informes técnicos.

Todas estas cuestiones, sumadas a las características de la licitación y el fin último de las contrataciones cuestionadas, la especialidad de los edificios en los que se trabajaba, los años en los que las obras fueron efectuadas, los tiempos políticos y económicos en los que las mismas se practicaron, la deficiente documentación confeccionada, la débil actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, llevó a que se formaran éste y otros expedientes similares en los que se investigaron conductas de distintos funcionarios públicos y empresarios, más a esta altura, es importante destacar que los hechos concretos sometidos a investigación no traspasan las barreras hacia la ilicitud. La calidad de la obra, el desorden administrativo –justificado o no con la crisis a la que se aludió en el debate-, no son materia de análisis en este fuero.

IV.- En cuanto a la regulación de los honorarios del Dr. Manuel Maza quien asistiera al imputado Flavio Andrés Linares, ponderando la calidad de la labor desplegada por el mismo, el quantum de su intervención en el proceso y la incidencia que dicha labor profesional ha tenido en el resultado del pleito, entiendo ajustado a derecho regular los honorarios profesionales en la suma equivalente a 80 Ius (arts. 6 y 45 de la L.A.) ES MI VOTO.

A la cuestión planteada los Dres. Eduardo Roumec y Sandra Elsa Filipuzzi de Vázquez, dijeron:

Adherimos a los fundamentos expresados por el colega preopinante. ASÍ VOTAMOS.

Por ello, consideraciones expuestas, y siendo de aplicación los artículos 372, 374, 375, 379, 499 y ccdtes. del CPP;

LA SALA “A” DE LA CÁMARA EN LO CRIMINAL DE VIEDMA

RESUELVE:

Primero: ABSOLVER de culpa y cargo a FLAVIO ANDRÉS LINARES y RICARDO ELÍAS POO Y BALBONTIN, de los datos personales consignados en este decisorio, y en orden a los hechos por el que fueran traídos a juicio, los cuales han sido tipificados como: “fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con falsificación ideológica de documento público” (art. 174 inc. 5º, en función de los arts. 172 y 293 del CP). Sin costas (arts. 498 y 499 del CPP).

Segundo: Regular los honorarios profesionales del Dr. Manuel Maza, Defensor del imputado Flavio Andrés Linares, en la suma equivalente a ochenta (80) Ius (arts. 6 y 45 de la LA).

Tercero: Regístrese, protocolícese y notifíquese.





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