ATE repudia acuerdo entre UPCN y Gobierno

En un comunicado de prensa el gremio ATE dijo que “luego de la decisión ilegal adoptada por el Concejo de la Función Pública mediante la que se otorga un incremento del 9% a todos los estatales, se decidió repudiar ese acuerdo entre UPCN y el Gobierno y convocar a asambleas en todas las seccionales para definir nuevas medidas de fuerza en toda la provincia.

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Las asambleas se realizarán durante los días lunes 27 y martes 28 de marzo y se espera una gran participación de trabajadores de todos los sectores laborales.

Si bien desde el gremio manifestaron que no pueden adelantar cuales serán las definiciones, se estima que las mencionadas instancias orgánicas se pronunciarán en favor de dar continuidad y profundizar el plan de lucha en las próximas horas resolviendo nuevos paros y movilizaciones.

La entidad sindical considera una burla el aumento otorgado por el Gobernador Alberto Weretilneck a todos los empleados públicos y demanda una recomposición de los salarios que permita realmente cubrir la inflación del presente año y recuperar lo perdido a lo largo de todo el 2016.

Para ATE la suba en los haberes debe ser del 40% anual, retroactivo al 1 de enero, remunerativo e incorporado al ingreso básico.

Preocupa al sindicato el notable crecimiento de las sumas en negro y no remunerativas que han aumentado durante los últimos años, precarizando cada vez más la estructura del salario de los agentes que dependen de la Administración Central.

Por otro lado, el gremio rechaza el recorte de gastos en el Estado que impulsa el Poder Ejecutivo Provincial, reclamando la derogación del Decreto 58/17 y que sean dejadas sin efectos todas las resoluciones que limitan las horas extras y guardias en los hospitales, ya que esa medida disminuyó de manera drástica la cantidad y calidad de las prestaciones del sistema de público de salud rionegrino.

Por último, ATE se opone al mega-endeudamiento de la provincia en más de 8.000 millones de pesos propuesto a través del denominado Plan Castello, por considerar que es contrario a los intereses de toda la ciudadanía y compromete a futuras generaciones.

Según los estatales no existen certezas sobre las condiciones del empréstito propuesto en cuanto a sus plazos, forma de pago, tasa de interés, organismos que lo otorgarán y otros, mientras que el hecho que todavía el Gobierno no haya podido explicar que destino tuvieron más de la mitad de los fondos ingresados por la renovación de los contratos petroleros, genera una gran desconfianza en relación a la gestión futura de estos millonarios recursos.





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