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ATE rechaza los retiros voluntarios en Río Negro y los considera el gran mal de los noventa

Una vez conocido el ofrecimiento de financiación económica realizado por el Presidente Mauricio Macri a los gobernadores patagónicos para que instrumenten en sus jurisdicciones distintos planes de retiros voluntarios en la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifiesta su enfático rechazo y considera que los mismos fueron el gran mal de la década del noventa.

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“Los retiros voluntarios han sido uno de los mayores males de los noventa. La idea del Gobierno provincial de adherir a esta propuesta es equivocada y la afectada terminará siendo toda la sociedad rionegrina. En nuestro Estado no sobran los trabajadores”, sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

“Repudiamos las presiones y los aprietes del Gobierno Nacional. Esta idea de condicionar el desembolso de dinero fresco o los permisos para otro tipo de deuda al cumplimiento de supuestas metas fiscales, es perversa. En nuestra provincia no existen trabajadores interesados por más tentadora que pueda ser la propuesta de retiro”, finalizó el líder sindical.

El sindicato exige al Gobierno rionegrino que no adhiera a ese instrumento de ajuste que se propone desde la Nación y que garantice el pleno respeto de todos los derechos laborales que por ley corresponden a los agentes públicos.

Para ATE si se decide recibir financiamiento para bajar el empleo público en el Estado provincial, las consecuencias serán absolutamente negativas no solo para los trabajadores y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto, ya que se verán afectados los servicios públicos en su cantidad y calidad.

La entidad sindical considera por un lado, que Río Negro no forma parte de las provincias que tienen que ordenar su recurso humano y por el contrario hay numerosas áreas estatales cuyo funcionamiento se encuentra en riesgo a partir de la falta de personal y por el otro, que no existen empleados interesados en ser incorporados en ningún régimen de cesación anticipada en la prestación de sus servicios laborales.

Por último el gremio repudió las presiones del Gobierno Nacional y las consideró una injerencia que afecta la autonomía de las provincias y se refirió a los antecedentes históricos de la aplicación de estos retiros que contempla como una posibilidad la nueva ley de Responsabilidad Fiscal, señalando que los mismos fueron generadores de altos niveles de desocupación, pobreza y desintegración familiar, además de generar en algunos casos, la pérdida para el Estado de su personal con mayor experiencia y capacidad.





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