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“Atahualpa no tenía ninguna vinculación con la droga” y hubo irregularidades de la justicia y la policía

En el marco de la sesión extraordinaria que se desarrolló este viernes en la Legislatura rionegrina, se dio a conocer y se aprobó por unanimidad el informe final que elaboró la comisión legislativa especial que revisó y analizó, durante 9 meses, lo actuado en la investigación del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya. Estuvieron presentes en

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En el marco de la sesión extraordinaria que se desarrolló este viernes en la Legislatura rionegrina, se dio a conocer y se aprobó por unanimidad el informe final que elaboró la comisión legislativa especial que revisó y analizó, durante 9 meses, lo actuado en la investigación del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya.

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Estuvieron presentes en el recinto, la mamá de la víctima e impulsora de la comisión, Julieta Vinaya, y los asesores Néstor Busso, como representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los peritos Roberto Brescia y Roberto Gaviña.

La legisladora Susana Diéguez, como presidente de la comisión, fue la encargada de iniciar la lectura del documento a la Cámara, seguida por Darío Berardi, Bautista Mendioroz y Roxana Fernández, integrantes de la comisión junto a Alejandro Marinao, Beatriz Contreras, Silvia Paz, María Liliana Gemignani y Silvia Horne.

Antes de comenzar con las consideraciones de la investigación, la legisladora afirmó que “Atahualpa Martínez Vinaya no tenía ninguna vinculación con la droga como se insinuó o se dijo infundada e irresponsablemente en algunas oportunidades. Atahualpa era un joven viedmense, como muchos otros de nuestros barrios. Ata era estudiante, generoso para con los demás, solidario a tal punto de llevar todos los días a la escuela a su vecino y amigo con problemas de motricidad. Ata fue un joven con proyectos personales de superación que planificaba irse a Cuba a estudiar medicina, que disfrutaba de reunirse y salir con sus amigos, como todos nuestros jóvenes”.

Diéguez explicó que las conclusiones del trabajo de la comisión se basan en el análisis de los 26 cuerpos de la causa “Fernández Barrientos, Melisa; Carrasco, Felipe y Morales Toledo, Carlos s/Homicidio”, popularmente conocida como “Atahualpa Martinez”, los 10 cuadernillos de hipótesis elaborados por la Fiscalía actuante, y las 26 declaraciones testimoniales brindadas a la comisión.

La legisladora afirmó que luego “de 7 años y cinco meses del crimen de Atahualpa y con enorme dolor y vergüenza llagamos a la conclusión y debemos decir que no se ha podido hasta aquí esclarecer el crimen.

Las instituciones de la provincia de Río Negro no pudieron, no supieron o no quisieron esclarecerlo. No es la primera vez que un crimen queda sin resolución en la Provincia y esa impunidad es seguramente el daño más grande hacia la sociedad toda. ”

En cuánto al análisis de la causa, detalló que la comisión constató “una continuidad de irregularidades”. “Desde el primer momento en que se encuentra el cuerpo y se contamina el lugar, siguiendo por la ausencia de medidas periciales inmediatas; la ausencia de allanamiento o al menos la verificación inmediata del boliche Miloka -donde se vio con vida por última vez a Atahualpa – en la búsqueda de rastros o posibles testigos; deficiente autopsia; pérdida de tiempo detrás de supuestos dichos de dichos, generalmente originados en personal policial; allanamientos de dudosa legalidad; una campera en la que se detecta sangre de la víctima que quedó cajoneada durante cuatro años; diferencias y ruptura de diálogo entre la Fiscal y el jefe policial a cargo de la investigación; trabajo de investigación policial sin ser reportado al Fiscal ni al Juez; violencia institucional ejercida hacia el principal testigo y amigo de la víctima, filtración de información de la causa por personal policial; elevación de la causa a juicio sin suficientes elementos de prueba, sin ni siquiera suposición del lugar, ni circunstancias, ni móvil del hecho”.

De acuerdo al informe de la comisión y a la intervención en el recinto de los peritos Brescia y Gaviña, la campera es la mayor esperanza para encontrar al culpable del asesinato.

Se trata de la única prueba documental colectada que vinculaba a los acusados con la víctima. Esta prenda fue levantada del domicilio de Felipe Carrasco en un allanamiento que luego fue anulado por irregularidades, por parte del Tribunal de Juicio.

El informe señala que llama la atención la aparente falta de actividad e interés puesta de manifiesto por la Unidad Fiscal Daniela Zagari y el Juzgado de instrucción intervinientes, dado que desde diciembre de 2008 la fiscal Zágari tomó conocimiento formal de que en las manchas hemáticas de la campera había un perfil genético mezclado. Recién en noviembre de 2011, casi tres años después, se dispuso la medida de práctica pericial de ADN a Felipe Carrasco. Al resultar negativo, en 2012 se pidió el cotejo de ADN con los otros dos sospechosos: César Eduardo Valla y Carlos Morales Toledo.

En este sentido, la comisión solicita al Poder Judicial clarificar y profundizar todo lo referente a la prueba de las pericias practicadas sobre las manchas de sangre en la campera, si el STJ decidiera dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Criminal de Viedma y tuviera por válida la prueba de la campera colectada en el allanamiento.

Se pide además una pericia debidamente documentada sobre la correspondencia de talle en relación a los que en su momento fueron acusados del crimen, para deslindar cualquier duda sobre la pertenencia de la prenda, ya que existen serias dudas de que una campera talle 38 corresponda a alguno de ellos.

También propone volver a realizar la pericia de perfil genético pero, esta vez, remitiendo al laboratorio la prenda para que realice todo el trabajo, desde la toma de muestra de la campera hasta el análisis de perfiles genéticos; profundizar la pericia de descripción morfológica de las manchas de sangre para tratar de precisar las circunstancias en que las manchas llegaron a la campera; y realizar nuevas pericias de ADN en otras partes de la campera (en particular, cuellos, puños y bolsillos), para ver si es posible determinar algún perfil genético dominante que ayude a identificar al propietario de la campera.

En cuanto a los móviles del crimen, Mendioroz explicó que cada una de las informaciones recibidas, surgidas de testigos de identidad reservada, llamadas telefónicas anónimas o informes policiales basados en fuentes barriales que reservan su identidad por temor a represalias, fue generando líneas de trabajo e hipótesis que se ordenaron en “cuadernillos”.

Señaló que la comisión las analizó y agrupó en dos grandes universos, las que se referían a una “venganza”, por supuestos celos de Morales Toledo, y las que vinculaban el hecho a “deudas por drogas”.

En este punto, el legislador señala que llama la atención la insistencia en vincular el hecho con el mundo del consumo y comercialización de estupefacientes, “porque, si se cruzan los testimoniales que introducen esta línea de trabajo con todas las demás testimoniales, nos encontramos que, fuera de este pequeño universo, no hay un solo testimonio que vincule a Atahualpa Martínez con el consumo problemático de drogas ilícitas y menos con la comercialización”.

“La incorporación de Atahualpa siempre aparece forzada, sin contexto, sin precisiones”, remarca.

Por otra parte, según informó la legisladora Roxana Fernández, en los testimonios brindados ante la comisión se pusieron de manifiesto aspectos del proceso de la investigación que se vinculan con la sospecha de disfuncionalidades policiales, de distinta gravedad, desde falta de cooperación policial, relacionadas a prácticas, costumbres, cultura institucional, hasta la violación de normas procesales y penales, como ser la cooperación de funcionarios policiales con personas o grupos delictivos.

“En un grado mucho más preocupante se habló de “fuga de información”, colaboración y connivencia de funcionarios policiales con personas sospechadas, al menos, o directamente involucradas en hechos delictivos”, indicó.

La legisladora agregó que la otra característica que conspiró con el desarrollo del último tramo de la investigación, fue el enfrentamiento entre el entonces Jefe de Policía, Víctor Cufré, y la Procuración General de Río Negro, generando un verdadero conflicto de poderes, cuya primera víctima fue la relación entre la entonces fiscal interviniente, Daniela Zágari, y el entonces jefe de Investigaciones, comisario Alfredo Sosa.

En este sentido, informó que la comisión pudo constatar por el mismo Cufré que sus declaraciones cuando aun era Jefe de Policía, respecto a que “para la Policía la causa estaba terminada y que el caso estaba esclarecido” fueron ciertas, lo que consideraron como una falla grave en el sistema institucional y comunicacional.

Asimismo, señaló que Sosa reconoció ante la comisión que desde principios de 2010 continuó las tareas investigativas sin relación ni diálogo con el juzgado. Como resultado de ese trabajo realizó un informe que no entregó ni a la Fiscal ni al Juez por “falta de confianza”.

En las conclusiones, Diéguez señaló que ese informe será remitido al Poder Judicial, ya que además de aportar posibles elementos a la causa, contiene elementos acusatorios de posibles delitos de narcotráfico. En esa investigación se señala a un oficial de Policía en actividad como uno de los cabecillas del narcotráfico en la zona.

Otro dato relevante que se desprende del informe realizado por la comisión es que la Policía de Río Negro no cuenta con “Protocolos de actuación” o “Manuales operativos” ante el hallazgo de un cadáver ni para los operativos de allanamientos. En este marco, el informe solicita que el Poder Ejecutivo implemente adecuadamente estos protocolos, valorarlos, darlos a conocer, capacitar al personal, y establecer controles y sanciones para los que los incumplan.

Recomienda, a su vez, al Poder Legislativo que las Agencias de Investigaciones Penales dependan orgánica y funcionalmente de la Procuración de Río Negro, quitando esas funciones a la Policía, en consonancia con la ley que crea el nuevo Código Procesal Penal provincial.

Asimismo, recomienda al Poder Judicial la incorporación de personal de investigación que dependan de la Procuración y que puedan ser requeridos por las Unidades Fiscales de acuerdo a sus necesidades. Establecer claros protocolos de actuación forense, en particular para las autopsias, y capacitar al personal forense para su cumplimiento.

Julieta Vinaya

informe atahualpa al tomar la palabra, Julieta Vinaya, solicitó ante la Cámara profundos cambios en el Poder Judicial y la Policía de Río Negro al considerar que los procederes de ambas instituciones fueron deleznables hacia los familiares de la víctima.

“Tienen que haber reformas en la Policía y en el Poder Judicial, porque nosotros sufrimos un manoseo constante”, denunció Vinaya.

Además recordó que “ésta es la tercera comisión investigadora (de crímenes) que se forma, y en las dos anteriores quedó en claro el mal desempeño de la Policía y la Justicia”.

La madre del joven asesinado declaró también que la Justicia discrimina entre las personas de alto poder adquisitivo y las humildes.

“Como Atahualpa era joven, morocho y vivía en la periferia, no se investigó como corresponde. El Poder Judicial trabaja para los que tienen plata y poder, y nosotros tenemos que estar mendigando un abogado y golpear puertas para conseguir asesoramiento”, afirmó.

Es por eso que “tuvimos que esperar siete años para ver todas las cosas que se hicieron mal”.

“No sé si alguna vez voy a saber la verdad, no sé si Atahualpa podrá descansar en paz, pero estas cosas no deben volver a suceder, ninguna familia tiene que pasar por situaciones de este tipo”, concluyó.

INFORME COMPLETO EN: www.legisrn.gov.ar/lrn/wp-content/uploads/2015/12/atahualpa-informe-final-.pdf





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