«Ante el escándalo Weretilneck no pudo esconder el obsceno contrato millonario con Dienst»

Luego de una extensa batalla institucional, marcada por el ocultamiento y la negativa sistemática del Poder Ejecutivo, el Gobierno de Río Negro finalmente se vio obligado a entregar el contrato firmado con la empresa Dienst Consulting S.A., encargada del control de licencias médicas del personal estatal. Esta revelación se produce luego de la insistente presión del bloque Vamos con Todos, que incluso debió recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas.

Pese al rechazo del Superior Tribunal de Justicia a la acción impulsada por el legislador José Luis Berros, el Poder Ejecutivo no pudo sostener el silencio frente a la magnitud del escándalo. El contrato firmado en julio del 2024 fue remitido recientemente tras semanas de resistencia, dando cuenta de un millonario compromiso económico del Estado con una firma privada sin que se hubiese informado con anterioridad a la ciudadanía ni al Parlamento.

“A pesar de la connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la presión social y mediática fue determinante. No pudieron seguir escondiendo esta información que es pública. Finalmente, logramos que se diga la verdad”, afirmó Berros, presidente de la bancada opositora.

El contrato revela que Río Negro paga 3.500 millones de pesos al año a Dienst Consulting, a razón de 292 millones de pesos mensuales. El servicio se calculó sobre una base de 52.000 empleados, lo que implica un costo mensual de 5.615,38 pesos por cada trabajador del Estado, por concepto de auditoría médica.

Como el acuerdo establece que el canon mensual se actualiza automáticamente cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) la cifra desde marzo ya alcanza los 6508 pesos por empleado lo que lleva el monto mensual de 290 millones a casi 350. Si el IPC acumulado llegara a superar el 15% en cualquier semestre, la actualización se aplicará de forma inmediata, garantizando así que la empresa nunca vea afectado su ingreso real. “Mientras ajustan salarios y recortan programas sociales, blindan ganancias para una empresa privada. El contrato demuestra un privilegio descarado que se quiso esconder bajo siete llaves”, agregó Berros.

Como si no bastaran las condiciones contractuales, el gobierno acordó el pago por única vez de un bono de 200 millones de pesos para que Dienst se instale en la provincia, cifra que se sumó al primer pago mensual. Es decir, el primer desembolso fue de 492 millones de pesos, en septiembre de 2024.

“Lo que se revela con este contrato es obsceno: una empresa que presta un servicio de control, con criterios cuestionables y sin revisión parlamentaria, se lleva una fortuna del Estado, actualizable automáticamente y con pagos adelantados. ¿Dónde está la prioridad del Gobierno?”, concluyó Berros.

Desde Vamos con Todos se insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué y cómo se gasta el dinero público, y se remarcó que este caso es apenas una muestra de la opacidad con la que se maneja la administración provincial. “Vamos a seguir exigiendo transparencia y control sobre cada peso que se gasta en nombre del pueblo de Río Negro”, finalizaron.