Abogados que demandaron a la Provincia serían investigados por ser empleados del Estado

Puntualmente, el tribunal laboral condenó a la empresa rionegrina al pago de indemnizaciones pero, en forma simultánea, observó que los abogados patrocinados del privado son empleados del Estado provincial, publica este martes el diario Río Negro.

Dos fallos tienen esa característica mientras que, en un tercero, entrelaza relaciones profesionales y familiares de los representantes del demandante con los letrados de la aseguradora provincial.

La sorpresa de los escritos judiciales fue mayúscula aunque, ciertamente, ese sospechoso entramado entre la dependencia estatal y la representación privada, directa o indirecta, fue un esquema tradicional en Viedma.

El nuevo componente, posiblemente, radica en la ofensiva que el Colegio de Abogados ha planteado contra uno de los tres miembros de la Cámara Laboral, Gustavo Guerra Labayén, a quien denunció por la demora en sus resoluciones y el Consejo de la Magistratura abrió un sumario.

A mediados de abril, entre los múltiples acciones de agentes públicos contra la aseguradora estatal Horizonte, el tribunal laboral resolvió un caso de una maestranza en una escuela, aceptando una lesión laboral en una muñeca. Establece un porcentaje de incapacidad del 1,65% y establece la indemnización en casi 320 mil pesos.

Al final, el voto de Labayén -que después avalaron sus pares Marcelo Villaverde y Rolando Gaitán- indica que se advirtió que “Bruno Giordano (apoderado de la parte actora) subió al sistema “Puma” la contestación del oficio dirigido a la Secretaría de Trabajo (movimiento del 29/03/2021)”, con lo cual, infiere que el profesional “mantendría relación de dependencia con la Provincia”. Recuerda que “aquí ha demandado a una sociedad anónima” estatal y que esa “situación se repite en una pluralidad de causas en trámite”, por lo cual, se traslada el tema a la “Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Fiscalía de Estado a los efectos que estimen corresponder en atención a las disposiciones del decreto 1011/66 -que establece incompatibilidades abogados que presten servicio en la Administración Pública Provincial- y la Ley N° 3550 de Ética Pública”.

Después, en el inicio de mayo, el Tribunal decidió en la demanda de un operador de ARSA por ruptura de menisco. La Cámara concluyó con una incapacidad del 7,6% y estableció una indemnización de casi 4 millones. Después, plantea que el apoderado del operador, Francisco Raúl Diguero “mantendría relación de dependencia con la Provincia (Legislatura de Río Negro) y alude a que la situación se repite “en una pluralidad de causas en trámite”. Resuelve también su envío a la FIA y la Fiscalía de Estado.
En una tercera resolución, la situación planteada es diferente. El damnificado no es estatal aunque igualmente la demanda se plantea contra la ART Horizonte.

FUENTE Diario Rio Negro