“Si existe una defraudación al Estado sería una de las tantas irregularidades del ex gobernador Saiz”

El Vicepresidente Nacional del partido político Frente Grande, Marcelo Mango, envió un comunicado en referencia al juicio que se inició contra ex funcionarios implicados en el caso Flavors.

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“El escandaloso contrato entre el Estado provincial y FLAVORS S.A. demoró más de nueve años en distintos escritorios judiciales hasta llegar finalmente a juicio con seis imputados.

Seguramente en el tratamiento de esta causa saldrán nuevamente a la luz detalles que traten de explicarnos cómo ganó una licitación una empresa con mostrada insolvencia económica y financiera, cómo y cuándo incumplió los contratos con el Estado.

Posiblemente volvamos a escuchar que la empresa FLAVORS S.A. falsificó antecedentes como proveedor de alimentos, que adulteró la comida que procesaba y recibió beneficios fiscales e impositivos por fuera del marco legal, etc. Si existe una defraudación al Estado sería una de las tantas irregularidades del gobierno del ex gobernador Saiz”.

Pero de lo que seguramente no se hable en este juicio, será de las consecuencias de haber utilizado la alimentación de los escolares para los eventuales negociados entre amigos del poder.

Los alimentos que les damos a nuestros hijos en esta etapa constituyen la base de su crecimiento y de su desarrollo psíquico y mental. Los niños y en este caso los escolares no tienen autonomía alimentaria, no pueden elegir qué y cómo comen, por lo tanto comieron lo que los funcionarios de turno decidieron darles, y lo que le han dado era malo. Por eso no es lo mismo un polvo para preparar buñuelos de vegetales marca LEBRUGUET de Flavors SA, por más afrancesado que suene, que una comida natural.

Según Patricia Aguirre, antropóloga especializada en nutrición, ‘Los hábitos alimenticios, buenos o malos, se forman especialmente en los primeros años de vida; la escuela, a partir del jardín, es el espacio para ayudar y consolidar esa conformación. Para hacerlo es necesario asumir como política de Estado la garantía de una alimentación saludable, dotarla de presupuesto suficiente y modelos de gestión eficientes y evaluar sus resultados”. Patricia Aguirre continúa diciendo, ‘habría que tener más cuidado en el hecho de llevar a un nivel masivo alimentos que salen de laboratorios, y donde las alegaciones y defensas sobre sus beneficios saludables provienen del mismo vendedor’.

En este caso, fue el propio gobernador Saiz el que defendió repetidamente la contratación de la empresa como parte de su gestión de gobierno.

Lamentablemente muchas de las funciones de la familia se han desplazado a las instituciones, entre ellas la comida de los niños en las instituciones educativas. Es entonces cuando el Estado debe velar por una adecuada alimentación de los escolares bajo su tutela. La gestión de Saiz priorizó a la industria, donde (en palabras del antropólogo estadounidense M. Harris) ‘lo bueno para vender, puede resultar ser lo malo para comer’. En síntesis, donde debió primar la función de control del Estado, primaron los intereses económicos.

Las primeras denuncias que dieron cuenta del estado calamitoso de los alimentos distribuidos por el Programa “Comer en Familia” y en escuelas y hogares de niños y adolescentes, surgieron de madres y padres, trabajadores y trabajadoras del ministerio de Educación.

Las escuelas constituyen un ámbito especialmente estratégico para enseñar el significado cultural, social, económico, ambiental y nutricional de comer en forma saludable y comprar en forma responsable. A la hora de dar de comer a los escolares rionegrinos la gestión de Saiz no priorizó ni una alimentación adecuada ni una racionalidad del gasto. Ni siquiera se trató de una cuestión fiscal o de una visión “caja chica” de ahorro para el Estado; se trató de hacer negocios con el alimento de los escolares más vulnerables.

La comida fresca no sólo es más saludable si no que con el posterior cambio de Programa, se comprobó que resultó más económica que la que se proveyó a través de este tipo de contrataciones. Lo peor es que, al desplazar de los comedores la preparación de comida fresca por un polvo para hidratar, los que más perdieron fueron los niños y dentro de ellos los más desfavorecidos, los que asisten a escuela insertas en zonas de extrema necesidad.

Quedó documentado el perfil poco saludable y hasta insalubre del menú escolar basado en las cajas de alimentos distribuidas por el programa alimentario gubernamental. Según relatara la defensora del pueblo Ana Piccinini en su oportunidad, se encontraron pelos de rata y tierra en un análisis realizado en ANMAT en el polvo de salsa estofada.

Una nota de la defensoría del pueblo fechada en noviembre de 2008 da cuenta que, según el informe del ANMAT, una vasta gama de productos de la empresa Flavors analizados en el ente nacional, no cumplían con el Código Alimentario Argentino (CAA). Se certificó en su momento el fraguado de la empresa en el contenido de vitaminas, hierro y zinc, de acuerdo al rótulo de los productos analizados. Poco tiempo después el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) disponía la prohibición de la circulación de la leche Nutrimat y Deshifood que distribuía en los comedores escolares la empresa Flavors en Río Negro “por no contar los nutrientes exigidos ni detallados en su envase”.

Estas evidencias llevaron al por entonces vicegobernador Bautista Mendioroz a solicitar públicamente al Gobierno provincial el retiro de la leche en forma preventiva hasta tanto se garantizara las condiciones de nutrientes y origen de la materia prima. (fuente ADN – Viedma 10 de octubre de 2008).

Lejos de tener una visión estratégica de una mejor alimentación a la población escolar más vulnerable, se utilizó a los escolares rionegrinos para favorecer a empresarios vinculados al gobierno, mediante favores fiscales y licitaciones ad hoc, como se tratará de probar en este juicio.

Una empresa con estos antecedentes obtuvo una desgravación impositiva del 100% por el término de un año. Esto se logró mediante el dictado de la Resolución Nº 869. El 31 de mayo de 2006 (fs. 163/166). Intermediaron para esta desgravación, los asesores legales, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos. El otorgamiento de tal beneficio se fundó en la inversión propuesta en el proyecto, la capacitación en recursos humanos y la instalación del laboratorio de control de calidad, contraprestaciones que no se cumplieron”.