Proponen crear un régimen de gestión ambiental de aguas

La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de Ley para crear un Régimen de Gestión Ambiental de Aguas que, entre otros aspectos, prevé dotar de financiamiento adecuado al Fondo Nacional para garantizar la protección de los recursos hídricos.

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En Argentina, la política ambiental del agua descansa en ley N° 25.688, que fue sancionada en 2002 pero jamás fue reglamentada ni aplicada. Esta grave situación implica la inexistencia de recursos económicos para planificar, ejecutar ni gestionar el uso eficiente del recurso.

Las cuencas en Argentina presentan una situación crítica, no existe un uso racional con criterio de sustentabilidad del agua, y la contaminación se ha transformado en estructural. Un claro ejemplo de esta problemática es la contaminación del Río Negro, con una presencia alarmante de la bacteria Escherichia coli por la falta de tratamiento de los líquidos cloacales. En la provincia de Buenos Aires, el Riachuelo es el ejemplo más concreto y antiguo en la materia. Los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del Sur, Carcarañá, de la Plata y Colorado se inscriben entre los más contaminados.

Teniendo en cuenta la demanda creciente de agua para la agricultura, la actividad hidrocarburifera, la industria, y el consumo doméstico; es de suma importancia contar con una planificación concreta al respecto.

Por ello la iniciativa de Soria propone, además de hacer viable la disposición de recursos económicos, asignar al COHIFE la responsabilidad de exigir y controlar la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental – tema no menor para los casos de cuencas interjurisdiccionales -; y contemplar un piso mínimo de prohibiciones que hacen a la construcción de una política ambiental de agua.

La incorporación de ciertos conceptos como el de la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental, la aplicación específica del principio precautorio, el cuidado contra la escasez o disminución de caudales, la exportación de agua dulce, la participación popular de las comunidades, la disponibilidad para generaciones futuras, la afectación de los ecosistemas y la prohibición del trasvasamiento de aguas por plazos prolongados buscan limitar la utilización del recurso.

Finalmente, teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra la gestión ambiental de este recurso fundamental, el proyecto reduce a 60 días el plazo para su reglamentación.

Este proyecto se elaboró tomando aportes realizados por la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, el Colegio de Agrónomos de Río Negro, la AIC, profesionales afines al tema e integrantes de organizaciones ambientalistas, que participaron de la invitación a discutir sobre la problemática en el Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén.