«Que un Gobierno firme un contrato hasta el 2032 con una entidad que hace años se queda con el esfuerzo de miles de rionegrinos es un disparate que solo una democracia endeble puede permitir. Aquí se armó una licitación a la medida de este banco. No hay nadie que pueda señalar un solo beneficio real y concreto, menos aún los empleados públicos, porque siempre han sido víctimas de intereses usurarios y paquetes de servicios impuestos», recriminó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.

La entidad sindical considera que ninguna gestión de gobierno debería estar habilitada legalmente a contratar servicios más allá del plazo de finalización de su mandato y, menos aún, subordinar a todos los trabajadores estatales y a distintos sectores sociales a ser cautivos -durante un período de 15 años- de una entidad que ha acumulado fabulosas ganancias y que, como contrapartida, se ha caracterizado, en términos generales, por destratar a la mayoría de sus clientes en la provincia.

Sin lugar a dudas que el extenso plazo es una de las principales ventajas para el referido banco, si se tiene en cuenta que luego de los primeros diez años, el vínculo puede prorrogarse por otros cinco años más, llegando hasta 2032.

El Gremio señala que son fuertes las sospechas en relación a que los pliegos licitatorios estuvieran armados a la medida del Banco Patagonia y que los antecedentes técnicos requeridos nunca tuvieron en cuenta la calidad de atención, como así tampoco los casi nulos beneficios ofrecidos a la cartera de clientes durante los últimos años. En este sentido, cabe señalar que los clientes del banco cotidianamente deben padecer largas colas y mucho tiempo de espera debido a la falta de personal, incumpliéndose con las normas que regulan esta situación.

Al mismo tiempo, sigue siendo insuficiente el acompañamiento a los empleados públicos y las líneas crediticias comprometidas no se diferencian en nada de las del resto del mercado y los montos indicados resultan insuficientes para significar un apoyo real para la producción, el comercio, el turismo y los trabajadores.

Además, ATE cuestiona como irrelevantes los compromisos asumidos de colocar cajeros automáticos o abrir nuevas bocas de atención, ya que otras entidades llevan adelante este tipo de iniciativas sin tener contrato de exclusividad.