Homicidio simple con dolo eventual son los cargos contra los responsables del predio deportivo de SAO donde murió electrocutado Nico Gutierre

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra los dos hombres que gestionaban un predio deportivo en San Antonio donde el 23 de febrero último se produjo la muerte de Nicolás Gutierre.

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A ambos la Fiscalía los considera autores del delito de homicidio simple con dolo eventual.

La acusación fiscal estuvo compuesta por la Fiscal Paula Rodriguez Frandsen y la Fiscal Subrogante, Mariela Coy quien detalló el hecho imputado a ambos y describió las pruebas obtenidas para llegar a esta instancia. La querella adhirió a los términos planteados por la Fiscalía.

La referente de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, explicó que “sabiendo que existía una fuga en el predio que ellos gestionaban en alquiler dividiendo las ganancias en partes iguales, no realizaron las modificaciones necesarias y como consecuencia de ese accionar se produjo el fallecimiento de Nicolás Gutierre cuando, en el contexto de un partido que se disputaba en el predio, el chico se tomó del alambrado perimetral y recibió una descarga eléctrica”. La causa de la muerte fue un paro cardiorespiratorio producido por choque eléctrico, agregó Coy.

Entre el sustento probatorio mencionó diversos documentos y certificados, pero valoró especialmente dos testimoniales de un total de diez receptadas en el marco de la investigación preliminar. Se trata de las versiones que brindaron dos electricistas que habían sido convocados por los imputados en diversas oportunidades, momentos en los que habían sido advertidos de la precariedad que ostentaban las instalaciones eléctricas y las graves consecuencias que tal estado podía traer aparejado.

En este mismo sentido, mencionó que otros adolescentes que habían disputado partidos de fútbol en el lugar días previos al hecho, habían recibido también descargas, aunque leves, dando aviso de las mismas a los imputados.

Agregó como sustento probatorio los diversos informes anexados a la causa por los organismos policiales auxiliares y el resultado de los trabajos efectuados en el lugar por las áreas de Reconstrucción virtual y Criminalística de la Procuración General, además de las pericias eléctricas que a pedido de la acusación se realizaron en el predio.

La Defensa de los imputados rechazó la formulación de cargos y solicitó la suspensión de la audiencia a los fines que se unifique esta investigación con otra que lleva adelante la Fiscalía de Delitos contra la Administración y que evalúa el accionar de funcionarios municipales. Este pedido generó un amplio debates entre las partes.

Finalmente el Juez Favio Corvalán admitió los cargos al considerar, haciendo lugar a los fundamentos de la fiscalía y la querella, que se encontraban mencionados todos los sustentos legales para imputar formalmente a estos dos hombres, escindiendo las dos investigaciones en curso.