“El tiempo será testigo de lo que sucederá con los procesos judiciales para los que realmente detentan el poder real”

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), manifiesta su preocupación ante la incipiente aplicación del nuevo código procesal penal, donde se fogonean las condenas express persiguiendo solo culminación del proceso judicial para las estadísticas, en contraposición al único fin que debe tener este poder del estado, en la búsqueda de la verdad y la justicia.

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Resulta alarmante como se milita la fábrica de condenas express, con fallos en 24 hs para los ladrones de gallinas, el tiempo será testigo de lo que sucederá con los procesos judiciales para los que realmente detentan el poder real en nuestra provincia, anhelamos que esta reforma no se constituya en un pacto de impunidad.

Es en ese marco de contradicciones permanentes, que lamentablemente nos tocó ser testigos de cómo en la fiscalía de cipolletti, no existe una sala con la privacidad necesaria para tomar una denuncia por abuso. La revictimización de los justiciables en su máxima expresión.

En términos generales y luego de analizar detalladamente durante los primeros 4 días de la aplicación del nuevo código, la situación es apremiante por el nivel de improvisación y la falta de recursos que indefectiblemente, se traducen en la defectuosa infraestructura edilicia en toda la provincia, agravada por la falta de capacitación real y concreta, la incertidumbre reina en los pasillos de las oficinas judiciales y fiscalías.

Sin éxito, las autoridades del poder judicial siguen intentando flexibilizar las relaciones laborales, con una nueva metodología consistente en “invitar voluntariamente” a que los trabajadores acepten trabajar en días y horarios inhábiles. Sería conveniente que utilizaran su energía en garantizar el cobro de nuestros salarios dentro del 5to día hábil, una vez más nos toca cobrar con nuestras obligaciones vencidas.

Siendo coherentes con nuestra obligación ante la sociedad para la construcción de un poder judicial democrático que persiga la verdad y la justicia, es que nos vemos en la obligación de advertir que sin el mínimo consenso de los actores del sistema judicial, la aplicación del nuevo código procesal penal está destinada al fracaso.