El Superior Tribunal de Justicia ratificó su doctrina en relación a la violencia de género

Un reciente fallo del STJ confirmó el criterio adoptado y no se le concedieron beneficios procesales a un hombre acusado de golpear a su ex pareja en Cipolletti.

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La agresión ocurrió el 10 de mayo de 2015 en el domicilio de la víctima. Hasta ese lugar llegó el imputado. Había ido a dejar a su hijo. En ese contexto le dijo a la mujer “… te voy a matar a vos y a tu macho”. Después ingresó a la casa y le propinó un golpe de puño en el rostro provocándole traumatismo y escoriación.

El expediente llegó a la Cámara Primera de Cipolletti calificado como “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con amenazas”. En esa instancia la defensa del imputado solicitó la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo la Cámara le denegó ese beneficio procesal. En consecuencia el procesado interpuso una casación y luego una queja ante el STJ.

La jueza del STJ Adriana Zaratiegui, que tuvo el voto rector, consideró: “adelanto mi opinión contraria al progreso del recurso incoado en razón de que, efectivamente, la cuestión se encuentra resuelta mediante doctrina legal de este Cuerpo, cuyo criterio es contrario a la postura de la Defensa.
En tal sentido, como bien estableció el magistrado actuante de acuerdo con el reproche contenido en la requisitoria fiscal, la víctima señora M.C.B. habría sido objeto de amenazas y lesiones, actos suficientes para causarle sufrimiento físico y psicológico en su condición de mujer y, por ende, constitutivos de violencia de género en tanto dan muestras de la relación de poder desigual en que se hallaba respecto del agresor y el aprovechamiento de tal situación por parte de este.

Por lo tanto, el caso resulta alcanzado por la Convención de Belém do Pará (ratificada por Argentina a través de la Ley 24632) y por las políticas generales de actuación del Ministerio Público y -en particular- la política de persecución criminal establecida por la Procuración General en su Resolución Nº 1/11, art. 3º, que dispone la abstención de propiciar la aplicación de criterios de oportunidad o consentir beneficios a favor de quienes hayan vulnerado los derechos y bienes jurídicos tutelados por la norma penal hasta tanto no se encuentre clara y fácticamente acreditado que la víctima mujer no volverá a ser objeto de nueva vulneración a sus derechos.

En consecuencia, cabe aplicar los precedentes STJRNS2 Se. 16/16, Se. 17/16 y Se. 247/16 (por citar solo algunos), a cuyos fundamentos remito en honor a la brevedad, puesto que la parte recurrente no esgrime ningún motivo que amerite revisar tal postura”.

Sobre la base de esos argumentos, el STJ rechazó el recurso de queja y confirmó la decisión de la Cámara Primera de Cipolletti.

Suspensión de juicio a prueba
La suspensión de juicio a prueba es una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado. Así, durante el tiempo definido por el Tribunal, el acusado queda “a prueba”. Si cumple todas las pautas ordenadas, el caso se cierra sin que quede antecedente penal alguno a la persona y sin que la probation signifique haber confesado el delito. Si no cumple, el proceso de probation fracasa y el caso debe seguir su trámite hasta el juicio común.

Entre los impedimentos para acceder a la “suspensión de juicio a prueba” se estableció que no podrán solicitar el beneficio los imputados en causas por violencia de género.